Penal nº AP-888-18 de Corte Suprema de Justicia, 10 de Septiembre de 2020

PonenteJorge Alberto Zelaya Zaldaña
Fecha de Resolución10 de Septiembre de 2020
EmisorCorte Suprema de Justicia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la S. Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: COR TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL . Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte. VISTO : Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada S.R.G.M. , a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinte de septiembre dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora M.Y.M.S. por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor ANNER EDUARDO MADRID GRANADOS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S . 1) Que en fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de Comayagua, Departamento de Comayagua, el Abogado C.A.R.G., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento F. contra la señora M.Y.M.S. por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO. 2) Que en cuatro de julio de dos mil dieciocho, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado Resuelve: Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de M.Y.M.S. por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ANNER EDUARDO MADRID GRANADOS. (F. del 33 al 34 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinte de septiembre dos mil dieciocho, Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por EL ABOGADO L.F.M.. SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA, relacionada en el numeral primero de esa parte resolutiva.- TERCERO: SE DECRETA SOBRESIMIENTO PROVISIONAL, a favor de M.Y.M.S..- CUARTO: SE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA IMPUESTA A LA ACUSADA. (F. del 08 al 13 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente A..S.R.G.M. , compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de septiembre dos mil dieciocho, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, esta S. recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al F. del despacho conforme lo prescrito por el Articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la S. Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada S.R.G.M. , a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinte de septiembre dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora M.Y.M.S. por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor ANNER EDUARDO MADRID GRANADOS . CONSIDERANDO CUATRO (4) : Que la recurrente A..S.R.G.M. , compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de septiembre dos mil dieciocho, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, ya que inobserva el Artículo 141 del Código Procesal penal, en virtud que la motivación externada por la alzada resulta incongruente, considerando que el propio Ad-Quem afirma que el occiso efectivamente murió por heridas de arma de fuego, a la vez que señala que la acusación ofreció declaraciones de testigos protegidos, quienes categóricamente coinciden en cuanto a la dinámica de los hechos. En ese sentido una verdadera motivación, asegura una tutela judicial efectiva, en cuanto asegura que el derecho a una resolución fundada en derecho, en un elemento esencial en el proceso, donde el juzgador no solo relaciones los medios probatorios, sino que también arribe a conclusiones que deriven de la prueba aportada, sin embargo al emitir su conclusión a pesar de señalar que la prueba testifical de cargo es coincidente, refiere que no logra hilvanar un nexo causal entre el resultado muerte con la acusada. El Ad-Quem, ordenó el dictado de un Sobreseimiento Provisional, sin tomar en consideración lo acreditado con la prueba de cargo, de la que concluye que los indicios además de estar debidamente probados son suficientes para acreditar la responsabilidad penal de la acusada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, esta S. recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al F. del despacho conforme lo prescrito por el Articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinte de septiembre dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho , se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, tal es así que en su sentencia concluye que no hay prueba suficiente que genere certeza de participación de la encausada, sino más bien generen probabilidades que requieren ser respaldadas por otros medios de prueba a fin de que desvirtué el estado de inocencia del procesado, por lo que deviene decretarse Auto de Sobreseimiento Provisional a fin de que se recaben nuevos elementos de prueba u se continúe con el proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional” ; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final . CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta S. de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el J. ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta S. arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar Con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora M.Y.M.S. por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor ANNER EDUARDO MADRID GRANADOS , motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO : La S. de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA . - NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. J.A.S.V. . PRESIDENT E DE LA SALA CONSTITUCIONAL. L.Á.S. . J.A.Z.Z.. E.F.O.C.. R.A.H.R. . FIRMA Y SELLO. C.A.A.C.. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central , a los dos días del mes de octubre de dos mil veinte , certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil veinte , recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO- 888-2018 .

C.A.A.C.

SECRET ARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL