Penal nº AP-1008-19 de Supreme Court (Honduras), 20 de Mayo de 2021

PonenteLidia Álvarez Sagastume
Fecha de Resolución20 de Mayo de 2021
EmisorSupreme Court (Honduras)

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la S. de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo del dos mil veintiuno. VISTO : Para dictar sentencia en el recurso de amparo Interpuesto por la Abogada SUSSY COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que confirmó la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, con relación a la causa instruida contra el S..F.M.A.M., por suponerlo responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de la S..N.A. CLAROS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , el A..M.R.J., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el S..F.M.A.M., por suponerlo responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de N.A. CLAROS. (F.s 1 –164 de la pieza del A-Quo) 2) Que, habiéndose celebrado audiencia inicial, el Juzgado antes citado, en fecha nueve (09) de abril y la continuación de la misma en fecha diez (10) de abril, ambas en dos mil diecinueve (2019), dicto acta en la cual Falló: (SIC) “ Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del S..F.M.A.M., a quien se le considera responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de N.A.C., sin perjuicio que la presente acción sea dirimida por la vía civil. SEGUNDO: Que cesen las medidas cautelares decretadas en la audiencia de declaración de imputado de fecha veintinueve (29) de marzo del corriente año dos mil diecinueve (2019), como se la presentación periódica los días viernes de cada semana ante la Secretaria de este Juzgado, la prohibición de salir del País sin la debida autorización de este Órgano jurisdiccional y la prohibición de comunicarse con determinadas personas, en este caso con la ofendida, establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 8 del Código Procesal Penal. TERCERO: Se declara SIN LUGAR lo peticionado por la agente fiscal del Ministerio Público, en cuanto a que se le dicte auto de formal procesalmente contra el encausado F.M.A.M., por el delito de FRAUDE, en perjuicio de N.A. CLAROS. CUARTO: Todo lo anterior con fundamento en los artículos: 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 de la Constitución de la República; 1, 40 numeral 3), 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 139, 198, 199, 202, 294, 296, 298, del Código Procesal Penal; 32, 240, 241 numeral 3 en relación al artículo 242 numeral 1 del Código Penal vigente. En este estado se da por terminada la presente audiencia, quedando las notificada de la resolución, quienes se manifiestan entendidos, siendo las nueve de la mañana, firmando los comparecientes ante el S.J. y Secretaria del Despacho que da fe.” (F.s 185-193 de la pieza del A-Quo) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada E.Y.V.P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la causa de la resolución de fecha diez (10) de abril, ambas en dos mil diecinueve (2019) proferida por el Juzgado antes citado, en donde declara sobreseimiento definitivo al ciudadano F.M.A.M., por el delito de FRAUDE, en perjuicio de N.A. CLAROS . (F. 195-198 de la pieza del A-Quo) 4) Que seguido el trámite que por Ley corresponde, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), Falló: (SIC) “ PRIMERO : Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada E.Y.V.P. en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, de fecha diez de abril del año dos mil diecinueve. SEGUNDO : CONFIRMA LA RESOLUCION de que se ha hecho mención en el acápite primero. (F.s 12–15 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS , contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (F.s 1–08 del Presente Recurso) 6) Que en fecha once (11) de marzo de dos mil veinte (2020) , est e alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (F. 33 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1) : Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado SUSSY COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha 23 de septiembre del año 2019, que confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, con relación a la causa instruida contra el señor F.M.A.M., por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la señora N.A. CLAROS. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo expone que en fecha 10 de abril del año 2019, el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante resolución de audiencia inicial resolvió decretar sobreseimiento definitivo a favor del señor F.M.A.M., POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE Fraude, en perjuicio de N.A.C., no conforme con dicha resolución interpuso recurso de apelación mismo que fue desestimado mediante fallo de fecha 23 de septiembre del 2019. Manifiesta que esta resolución es una violación al debido proceso, el cual comprende una serie de principios vinculantes con una verdadera administración de justicia, cuya estricta observación se impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como judiciales, para que sus actuaciones garanticen a cada individuo sus derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva que conlleva a que las partes obtengan una resolución debidamente motivada y fundada en derecho y que en la jurisdicción penal es desarrollada en los artículos 141, y 338, del Código Procesal Penal. Lo que afirma el recurrente en virtud de la motivación insuficiente incurrida por el Tribunal de alzada, ya que su exposición es solamente en cuanto a los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial sin establecer los presupuestos o elementos del tipo penal de fraude que señala el artículo 240 del código penal, al no apreciar que el imputado valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, hay inducido a la ofendida en error para defraudarla y sacar provecho para sí o ajeno. Además el Tribunal de alzada señaló que el requerimiento fiscal se deriva de un asunto meramente civil, pues nace de un contrato sinalagmático, por lo que debe ser la justicia civil la que dirima esa situación, en la que las partes someterán al arbitrio del juez si el contrato adolece de algún vicio o error, evitando la intervención del derecho penal, conforme al principio de intervención mínima. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente deja establecido que el requerimiento fiscal tiene su génesis en la solicitud de préstamo hipotecario que N.A.C., obtuvo de la empresa denominada Inversiones Panamericanas, donde fue atendida por su propietario F.M.A.M., quien al realizar el trámite correspondiente, hizo firmar a la ofendida la supuesta escritura de hipoteca constituida sobre una propiedad de la señora N.A. CLAROS para garantizar el préstamo inicialmente otorgado por la cantidad de Cien Mil Lempiras (L.100,000.00) y posteriormente ampliado a cincuenta mil lempiras (L.50,000.00), cuyos pagos fueron efectuado mediante cuotas pagadas mensualmente. CONSIDERNDO (5): Que el recurrente expone que la ofendida en el año 2013 se presentó a las oficinas de la Municipalidad de Siguatepeque a solicitar permiso de operación de un negocio que iba a funcionar en su casa de habitación, en ese momento se da cuenta que su casa de habitación está a nombre del señor F.M.A.M., ya que la escritura pública otorgada por la señora N.A. era una compra-Venta a favor del imputado, pero aun así continuó con el pago del préstamo, sin embargo a finales del año 2014, una abogada se presentó a la casa de habitación de la ofendida, solicitándole que desalojara la vivienda, peo debido a su negativa se presentó en su contra una demanda de reivindicación de dominio, por la vía civil y fue así que la ofendida dio cuenta que el encausado había hipotecado su propiedad con empresa INGESA. CONSIDERANDO (6): Que el impetrante manifiesta que aún cuando se propusieron y evacuaron todos los pagos realizados por la señora N.A. CLAROS en concepto de abono al pago del préstamo que le otorgó el señor F.M.A.M., quien utilizando astucia le manifestó a la señora claros que para otorgarle el préstamo debía hipotecar su propiedad, pero resultó en un engaño porque como se ve reflejado en el instrumento público No. 493, éste no era una escritura de Constitución de Hipoteca sobre la propiedad de la señora Aguilera Claros para garantizar el préstamo sino que era una escritura de compra-venta, a nombre del acusado quien en el mismo acto constituyó hipoteca sobre esa misma propiedad , para garantía el préstamo que le otorgó INGESA. Señalando que de acuerdo a los elementos probatorios recabados en el proceso si existe una probabilidad razonable que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le imputa. CONSIDERANDO (7): Que la recurrente señala que la conclusión a la que arribó el Tribunal de alzada, no fue producto de una valoración en forma conjunta y armónica de los medios probatorios evacuados en la audiencia inicial, donde se presentaron todos los recibos de pago a préstamo realizado por la ofendida a Inversiones Panamericanas, a cuyo propietario entregó los documentos de su propiedad, porque ese era el requisito para que se le otorgara el préstamo, y realizar el trámite de hipoteca, para garantizar el préstamo, quedando acreditado el ardid utilizado por el imputado que indujo en error a la ofendida para que le entregara los documentos de propiedad de su casa de habitación como garantía del préstamo hipotecario, cuando en realidad era un contrato de compra –venta, porque de haberlo sabido no resulta lógico los pagos realizados por la ofendida. Por todo ello solicita se otorgue el amparo solicitado. CONSIDERANDO (8): Que el Ad quem en el párrafo de la motivación aprecia el documento allegados como medios de prueba que consiste en una Escritura que contiene dos contratos uno de compra-venta entre la señora N.A. CLAROS y el señor F.M.A.M. y el otro contrato de préstamo con garantía hipotecaria entre F.M.A.M. y la sociedad Mercantil denominad INVERSIONES GENERALES,S.A., de C.,V., (INGESA), señalando que en base a esos elementos no considera que se den los presupuestos del tipo penal del delito de Estafa contenidos en el artículo 240 del código penal, que se imputa al procesado, expresando “Que según los elementos de prueba evacuados en audiencia no atina esta Corte, que el imputado valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño hay inducido a la ofendida en error para defraudarla y sacar un provecho para sí o ajeno. Exponiendo que el derecho penal es la última ratio, es así que derivándose el requerimiento fiscal de un asunto meramente civil, pues nace de un contrato sinalagmático, debe ser la justicia civil la que dirima esa situación en la que las partes someterán al arbitrio del Juez si el contrato adolece e algún vicio o error. Por todo ello declaró si lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. CONSIDERANDO (9): Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los der echos individuales, colectivos, culturales y políticos [1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO (10): Que el poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de intervención mínima, es decir, el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del derecho, de allí que se diga que el derecho penal tiene carácter subsidiario frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico, interviniendo únicamente cuando fracasan las barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho. [2] La intervención mínima del derecho penal, también conocida como última ratio, debe ser el último recurso que debe utilizar el Estado cuando se carece de otros medios menos lesivos. Aunque el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, esto no quiere decir que todo bien jurídico tenga que ser protegido por el Código Penal, así como, tampoco que en todas las violaciones a los bienes jurídicos penalmente tutelados debe de tener intervención el Derecho Penal. [3] CONSIDERANDO (11): Que el principio de intervención mínima o última ratio se compone de las siguientes características: F. que consiste en la obligación del Estado, como mandatario de la soberanía popular, de delimitar su campo de acción a conductas que lesionen bienes jurídicos, cuya penalización resulte necesaria, para la conservación de un orden justo y en paz de todos los conciudadanos. S., que se entiende por tal la característica que tiene el derecho penal, en cuanto que solo es posible que este intervenga en la libertad de actuar que tienen todos los coasociados del Estado cuando se han agotado todos los mecanismos aptos e idóneos para conjurar la lesividad que se produce con una conducta a determinado bien jurídico. Por lo tanto no es legítimo que se utilice el derecho penal en primera instancia, pues siempre el legislador debe auscultar sobre la aplicación de los demás mecanismos disuasorios de la conducta por reprimir. Proporcionalidad, es proporcional por cuanto debe existir una consonancia con el bien jurídico por proteger y la suspensión impuesta al derecho fundamental de la libertad, así como la limitación o condicionamiento al goce de otros derechos fundamentales. En todo caso la medida adoptada por intermedio del derecho penal debe ser la menos gravosa posible. [4] CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso representa el conjunto de derechos y garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Todo lo cual es inherente a un adecuado derecho de defensa, implica, entonces: el derecho de ser oído; poder hacer uso de todos instrumentos o mecanismos legales/procesales propios para una defensa eficaz. Observando las normas constitucionales como la ley secundaria, con una interpretación jurídica acorde al contenido de la norma jurídica. CONSIDERANDO (13): Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO (14): Que el derecho a la tutela judicial efectiva, es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que, cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional competente, a través de un proceso con garantías mínimas [5]. Entendida la tutela judicial efectiva como una manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, pues no basta con el reconocimiento constitucional sino que es necesario el cumplimiento del debido proceso que debe revestirse de los elementos necesarios para hacer posible la eficacia de los derechos contenidos en las normas jurídicas vigentes. Así el proceso ha de realizarse eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo [6]. CONSIDERNDO (15): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala aprecia que él Ad quem, ha garantizado el debido proceso, motivando su resolución de manera clara precisa y coherente con el cuadro factico y acervo probatorio de cuyo conocimiento se impuso, por lo que la conclusión de Ad quem de dirimir el proceso a la jurisdicción civil es conforme a derecho, considerando que el derecho penal tiene sus límites, conocidos como el principio de mínima intervención o ultima ratio, en ese orden de ideas esta S. aprecia, que la resolución impugnada no ha quebrantado los derechos invocados por el recurrente en consecuencia procede Denegar la acción de Amparo sometida a estudio. CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta S. deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico penal. POR TANTO: La S. Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: DENEGANDO la acción de Amparo, interpuesto por la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, a favor de la señora N.A. CLAROS, contra la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua. SEGUNDO: Se diriman el proceso junto con todos sus antecedentes a la jurisdicción civil. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada L.A.S.. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. L.A.S.. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. J.A.Z.Z.. E.F.O.C.. R.A.H.R.. J.A.S.V.. Firma y sello . C.R.B.F.. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la C iudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veintiuno , certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno , recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 1008 = 201 9 .

ABOG. C.A.A.C.

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[2]C.M.F.. A.G.M.. Derecho Peal. Parte General, 8ava. Edición. T. lo B.. Valencia 2010.

[3]M.R.J.A.. El Principio de Intervención Mínima o Ultima Ratio en los delitos Sobre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Revista Sector Inmobiliario. P.. 34-38.

[4]M.R.Á.A.. Principio de Mínima Intervención Retórica o Realidad Derecho y Realidad No. 21 año 2013.

[5]G.P., J.. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. España. Editorial Cevitas. Segunda edición. 1985.P.. 27.

[6]G.M.I.I.. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

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