Habeas Corpus (Exhibición Personal) nº EP-103-21 de Supreme Court (Honduras), 20 de Mayo de 2021

PonenteEdwin Francisco Ortez Cruz
Fecha de Resolución20 de Mayo de 2021
EmisorSupreme Court (Honduras)

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: COR TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL . Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno VISTA : En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , en fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la señora PERLA J.L.E., a favor del señor M.J.O.G., contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL , con relación al supuesto vencimiento de prisión preventiva impuesta al señor M.J.O.G. , en la causa instruida por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de MARCO A.C.O., C.A.S.B. y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS , respectivamente . ANTECEDENTES PROCESALES . 1 . En fecha quince de abril de dos mil veinte, la señora PERLA J.L.E. compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de C., interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor del señor M.J.O.G., contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, alegando la peticionaria, que al señor M.J.O.G.: “…se le instruye proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de MARCO A.C.O., C.A.S.B. y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente , según expediente registrado bajo el número TS-JN (1)-89-2019, el cual obra en el archivo del Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal. El ciudadano antes mencionado se encuentra recluido ilegalmente en el Centro penal de la ciudad de El Progreso, Yoro, en virtud de habérsele vencido la prisión preventiva ya que dicha medida cautelar le fue decretada hace más de dos años y seis meses; en consecuencia, su detención actualmente es arbitraria y el tribunal de sentencia debió revisar de oficio la misma…” (F. 2 de los antecedentes). 2 . En fecha quince de abril de dos mil veinte, el citado Juzgado tuvo por recibida a prevención la acción de exhibición personal de mérito, nombrando como jueces ejecutores a la abogada D.M.O., defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de F.M. y al abogado N. SALVADOR defensor público de la ciudad El Progreso, departamento de Yoro a efecto de que realizaran las investigaciones correspondientes, rindiendo su informe dentro del plazo legal estipulado. Asimismo, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de C., resolvió declararse incompetente para conocer de la presente garantía constitucional, por lo que ordena remitir los antecedentes a la Corte de apelaciones penal con competencia territorial nacional en materia penal con sede en Tegucigalpa, F.M., teniendo por recibidas las diligencias en fecha doce de agosto de dos mil veinte. (F.s 3-5 y 10 de los antecedentes). 3. La abogada D.M.O., en su condición antes indicada y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, remitió el informe correspondiente en fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el cual consignó entre otros lo siguiente: “Que la juez ejecutora se personó ante el Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, siendo atendida por la abogada J.M.D.F., quien le informó sobre las actuaciones realizadas en la causa del instruida contra el señor M.J.O.G. por los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de MARCO A.C.O. y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, se le decretó la medida cautelar de detención judicial, lo cual consta en el expediente de mérito, se celebró audiencia inicial en fecha 13 de septiembre de 2016, en la cual el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal contra los señores D.L.S.F., H.R.L.B., L.A.L.R., M.J.O.G. y N.M.A., por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de MARCO A.C.O. y C.A.S.B. y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO , en la cual la juez resolvió decretar sobreseimiento a favor de M.J.O.G. por los delitos de ASESINATO en perjuicio de C.A.S.B. y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO , extendiendo la respectiva carta de libertad definitiva, pero no habiendo recobrado su libertad ya que en el expediente consta un informe del director del Centro penal de El Progreso, departamento de Yoro, en el cual se estableció que el señor M.J.O.G., no recobró su libertad, en virtud de tener otro proceso por el delito de homicidio simple, estableciéndose en dicho informe, que ingresó a ese centro penal en fecha 27 de septiembre de dos mil quince, por orden del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de J.A.H.M., decretándole en esa oportunidad auto de formal procesamiento, habiéndose realizado juicio oral y público en fecha 13 de abril de 2018, en la cual se le dio fallo absolutorio por ese delito, encontrándose la respectiva nota de excarcelación. Asimismo, en dicho informe se hace constar que el señor M.J.O.G., se encontraba en prisión preventiva en virtud de que la Corte de Apelaciones Penal con jurisdicción nacional había revocado el sobreseimiento por los delitos de asesinato y asociación ilícita. Consta además en el expediente que la Corte de Apelaciones de lo Penal con jurisdicción nacional revocó el sobreseimiento decretado y ordenó que se le dictara auto de formal procesamiento por ambos delitos. Por otra parte, manifiesta en su informe la juez ejecutora, que se estableció que entre la fecha del 14 de septiembre de 2016 al 2 de febrero de 2018 se interrumpe la prisión preventiva, ya que si bien el señor M.O., no salió al momento de otorgársele la libertad por el caso por el cual se interpuso el recurso de exhibición personal, él ya se encontraba en libertad por los delitos antes descritos, sin perjuicio de tener otros procesos, razón por la cual no recobró su libertad; asimismo se encuentra un oficio de fecha 4 noviembre de 2019, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual otorgó la ampliación de prisión preventiva, misma que se toma en cuenta desde el 2 de febrero de 2018 teniendo como vencimiento el 2 de febrero de 2020 y con la ampliación el 2 de agosto de 2020, aun sin tomar en cuenta las dilaciones sin justificar por parte de la defensa privada del señor M.O., que durante el proceso son de siete meses y 10 días de retraso, y vencería hasta aproximadamente en marzo de 2021. Concluye la juez ejecutora, que no se ha violentado ninguna garantía fundamental al señor M.J.O., por lo que RESOLVIÓ: “1. DECLARAR NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por la pasante en Derecho, P.J.L.E., a favor del señor M.J.O.G., esto en virtud de que en ningún momento los derechos garantizados le han sido violentados…” (F.s 12 al 17 de los antecedentes). 4. En fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la Corte de apelaciones penal del departamento de F.M., dictó sentencia en la cual falló: “ 1. Declarando NO HA LUGAR la acción de habeas corpus o exhibición personal de la cual se ha hecho mérito…” (F.s desde el 36 de los antecedentes). 5. En fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional tuvo por recibidas las diligencias de la garantía constitucional de mérito, de conformidad a lo estipulado en el artículo 39 de la Ley sobre justicia constitucional. 6 . En fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional ordenó librar comunicación al abogado N.S., juez ejecutor nombrado en la presente garantía constitucional, en virtud de no haber emitido su informe en el momento oportuno. En consecuencia, en fecha nueve de abril de dos mil veinte, el juez ejecutor remitió el informe correspondiente, en el cual establece lo siguiente: “El juez ejecutor se personó en el Centro penal de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha 16 de abril de 2020, a efecto de que le rindieran el informe referente al señor M.J.O.G., remitiendo el director de dicho centro penal el informe correspondiente, los que fueron recibidos en la misma fecha. Después de tener a la vista los informes solicitados al director del centro penal se estableció los motivos por los que el señor M.J.O., se encontraba recluido en el centro penal, informando que éste ingresó al centro penal en fecha 27 de septiembre de dos mil quince, por el delito de homicidio simple en perjuicio de J.A.H., por orden del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, habiéndosele decretado auto de formal procesamiento en fecha 2 de octubre de 2015, realizándose el juicio oral y público en fecha 13 de abril de 2018, emitiéndose sentencia absolutoria. En fecha 7 de septiembre de dos mil dieciséis, por orden del Juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal, se le impuso la medida cautelar de detención judicial, por los delitos de asesinato y asociación ilícita en perjuicio de M.A.C.O. y la seguridad interior del estado de Honduras, realizándose audiencia inicial en fecha 13 de septiembre de 2016, donde se le decretó sobreseimiento definitivo. En fecha 2 de febrero de 2018, se emitió oficio por parte del tribunal de alzada, donde se decreta se dicte auto de formal procesamiento contra el señor M.J.O., por los delitos de asesinato y asociación ilícita en perjuicio de M.A.C.O. y la seguridad interior del estado de Honduras. Manifiesta el juez ejecutor que si bien es cierto, el señor M.J.O.G., permaneció recluido en el centro penal, privado de su libertad todo ese tiempo, no es menos cierto que no fue por la causa que origina el presente recurso, sino que éste mantenía la prisión preventiva por la causa penal donde se le suponía responsable del delito de homicidio simple, en perjuicio de J.A.H., desde fecha 27 de septiembre de 2015, ordenada por el Juzgado de Letras de El Progreso, departamento de Yoro, hasta el 13 de abril de 2018 donde se le dictó sentencia absolutoria por parte del tribunal de sentencia, es decir que según el análisis de las fechas, el señor M.J.O.G., estuvo con detención judicial en la causa recurrida desde el 7 de septiembre de 2016, hasta el 14 de septiembre de ese mismo año, volviéndose activar la medida de prisión preventiva hasta el dos de febrero de 2018, por lo que desde esa fecha a hasta esta fecha, donde se solicitó la información que antecede, 16 de abril de 2020, habían transcurrido DOS AÑOS, UN MES Y DIECISÉIS DÍAS, pudiendo tomar en cuenta los siete días de detención judicial, tiempo transcurrido desde la audiencia de declaración de imputado y la audiencia inicial; y aun así a criterio del juez ejecutor no sobrepasa los dos años seis meses de los cuales hace mención la abogada recurrente. El juez ejecutor manifiesta no emitir opinión porque no tuvo acceso al expediente de mérito, debido a que el mismo se encontraba en el Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal con sede en Tegucigalpa, departamento de F.M.. (F. 34 de la pieza de la Sala). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA . CONSIDERANDO UNO (1) : Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2) : Sobre la revisión. El párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3) : Sobre la argumentación de la sentencia que es objeto de revisión. La sentencia que se conoce en revisión es la de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo penal del departamento de F.M. , mediante la cual se declaró no ha lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal interpuesta a favor del señor M.J.O.G.. Para ello , el tribunal juzgador se basó en el informe rendido por la juez ejecutora nombrada, quien fue de la opinión de que se declarara no ha lugar la presente exhibición personal en virtud de que a dicho ciudadano no se le violentaron los derechos contenidos en los artículos 71 y 84 de la Constitución, ni los derechos contenidos en los artículos 175, 176 y 289 el Código Procesal Penal. Además, la juez ejecutora agregó que si bien es cierto el ciudadano M.J.O.G. tuvo un fallo absolutorio en fecha trece de abril de dos mil dieciocho, continuaba aún recluido en virtud de que se le había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva en otra causa criminal por los delitos de asesinato y asociación ilícita bajo el número de expediente TSTJN (1)89; debiéndose tomar en cuenta además las dilaciones en que incurrió la parte defensora del señor M.O. por la no comparecencia a diferentes audiencias. La corte de apelaciones, en virtud de lo anteriormente expuesto por la juez ejecutora, estimó que en el presente caso no concurren ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar una exhibición personal, debido a que no se encuentra ilegalmente detenido, sino que su detención se realizó por orden de autoridad competente conforme a un requerimiento fiscal por el delito de asesinato; y, en su prisión no sufre torturas, vejámenes, exacciones ilegales o coacción, restricción o molestias innecesarias. CONSIDERANDO CUATRO (4) : Examen practicado por la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de F.M.. La Sala de lo Constitucional, es del parecer que es procedente confirmar la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno que se conoce en revisión, tomando en cuenta para ello los antecedentes que se encuentran contenidas en las diligencias del presente caso. 1. Consta que la garantía de exhibición personal se interpuso el quince de abril de dos mil veinte, porque se estima que el ciudadano M.J.O.G. se encuentra recluido ilegalmente en el Centro penal de la ciudad del El Progreso, departamento de Yoro, debido a que transcurrió más de dos años con seis meses, tiempo máximo que autoriza la ley para mantener a una persona bajo prisión preventiva. 2. De conformidad a lo informado por la juez ejecutora D.M.O., se encuentra el oficio 1212-2019-SP-CSJ de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve en la que consta que la honorable Sala de lo Penal de respondiendo la petición del Ministerio Público amplia el tiempo de la prisión preventiva a partir del día dos de febrero de dos mil veinte hasta el dos de agosto de dos mil veinte, pero haciendo la salvedad que este lapso se aumente por el tiempo que la defensa privada cometió dilaciones injustificadas, que cuantificada es de siete meses con diez días, por lo que el vencimiento real de la medida cautelar de prisión preventiva es el siete de marzo de dos mil veintiuno. 3. Atendiendo la razón anterior, para la juez ejecutora la prisión preventiva no había vencido todavía. Por su parte el juez ejecutor N.S. en P.H. estima que todavía no ha transcurrido el tiempo máximo para mantener la medida cautelar de prisión preventiva, pues para el tiempo en que se solicitó la información (dieciséis de abril de dos mil veinte), solamente han transcurrido dos años con un mes y dieciséis días. En virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia atendiendo a la información recibida por los jueces ejecutores nombrados, observa que para el tiempo en que se evacuó la exhibición personal, aún no había transcurrido el plazo máximo dispuesto para mantener la prisión preventiva; en consecuencia, procede a confirmar la sentencia que se conoce en revisión, la cual desestima la garantía constitucional de exhibición personal de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO . POR TANTO : La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13 No. 1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la señora PERLA J.L.E. a favor del señor M.J.O.G., contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL , en la causa instruida por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de MARCO A.C.O., C.A.S.B. y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS , respectivamente . Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado E.F.O.C. . NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. L.Á.S. . PRESIDENT A DE LA SALA CONSTITUCIONAL. J.A..L..B.Z.Z.. E.F.O.C.. R.A.H.R.. J.A.S.V.. FIRMA Y SELLO. C.R.B.F. . RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central , a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veintiuno , certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno , recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO- 10 3 -2021 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRET ARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

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