Penal nº AP-1066-19 de Supreme Court (Honduras), 6 de Junio de 2021

PonenteLidia Álvarez Sagastume
Fecha de Resolución 6 de Junio de 2021
EmisorSupreme Court (Honduras)

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: COR TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL . Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del dos mil veintiuno. VISTAS : Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada K.P.G.A., a favor de los señores A.W.P.C., I.Y.P.L., M.Á.P.L. y B.L.L., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción , en fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional den Materia de Corrupción, en fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores A.W.P.C., I.Y.P.L., M.Á.P.L. y B.L.L. , por suponerlos responsables de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de sus Funciones Públicas, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras . Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción , los Abogados S.M. y M.Á.B. , actuando en su condición de Agentes F.es del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores B.S.B. , por suponerla responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios a Titulo de Autor, A.W.P.C. , por suponerlo responsable de los delitos de Malversación de Caudales Públicos a Titulo de Autor , J.A.C.G. , por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios a Titulo de Autor , W.A.L.F., por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios a Titulo de Autor , I.Y.P.L., por suponerla responsable del delito de Malversación de Caudales Públicos a Titulo de C.N. en la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado , B.L.L. , por suponerla responsable del delito de Malversación de Caudales Públicos a T.C.N. en la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado y M.Á.P.L., por suponerlo responsable del delito de Malversación de Caudales Públicos a Titulo de C.N. en la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado , todos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras . (Folios 1-8 del tomo I del antecedente) 2) En fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en el acto de la celebración de la audiencia inicial, la Abogada I.J.R.S. , en su condición de Apoderada Legal de los señores B.B. y W.A.L.F. , cedida que le fue la palabra interpuso las excepciones por prescripción de la acción penal y por falta de acción. (Folios 136-137 del tomo I del antecedente) 3) En fecha trece de agosto de dos mil diecinueve , el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, habiéndose evacuado la audiencia inicial, resolvió: 1 .-En relación a las excepciones presentadas de falta de acción y la de prescripción de la acción penal establecidas en el artículo 46 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal se declara SIN LUGAR . 2 .-Decretar Auto de Formal Procesamiento contra la señora B.S.B. por suponerla responsable a título de autor según lo establecido por el artículo 32 del Código Penal de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 3 .-Decretar Auto de Formal Procesamiento contra el señor W.A.L.F. , por suponerlo responsable a título de autor según lo establecido en el artículo 32 del Código Penal de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 4 .-Decretar Auto de Formal Procesamiento contra el señor A.W.P. CRISTALES por suponerlo responsable a título de autor según el artículo 32 del Código Penal de la comisión del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 5. -Decretar auto de formal procesamiento en contra de la señora I.Y.P.L. , por suponerla responsable a título de cooperante necesario según el artículo 32 del Código Penal de la comisión del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y a título de autor de la comisión del delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 6 .-Decretar Sin Lugar la solicitud presentada por el Ministerio Público de decretar Auto de Formal Procesamiento contra la señora B.L.L. por el delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 7 .-Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora B.L.L. a quien se le supone responsable a título de cooperante necesario según lo establecido en el artículo 32 del Código Penal de la comisión del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 8 .-Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor M.Á.P. a quien se le supone responsable a título de cooperante necesario según lo establecido por el artículo 32 del Código Penal de la comisión del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y a título de autor de la comisión del delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 9 .-Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de la señora B.L.L. por el delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS . 10 .-En cuanto a la medida cautelar se impone a la señora B.S.B. , las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 consistente en: 6) Someter a la señora B.S.B. , a presentarse a este despacho judicial a firmar y estampar su huella los días lunes de cada semana, en el libro de control de asistencia que para tal efecto lleva esta judicatura. 7) Se le prohíbe a la señora B.S.B. , salir del país. 8) Prohibición de concurrir a terminados lugares en este caso el Departamento de Contabilidad del Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS). 9) P. al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre que con ello no se afecte su derecho a la defensa en este caso se le prohíbe a la imputada B.S.B. , comunicarse con la señora C.P.B.P. y cualquier otra persona que labore sirva de testigo en el presente caso al Ministerio Público. 11 .-En cuanto a la medida cautelar se impone al señor W.A.L.F. , las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 consistentes en: 6) Someter al señor W.A.L.F. , a presentarse a este despacho judicial a firmar y estampar su huella los días lunes de cada semana, en el libro de control de asistencia que para tal efecto lleva esta judicatura. 7) Se prohíbe al señor W.A.L.F. , salir del país. 8) Prohibición de concurrir a determinados lugares como ser el Departamento de Contabilidad del Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS). 9)P. al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre con ellos no se afecte su derecho a la defensa en este caso se le prohíbe al imputado W.A.L.F. comunicarse con la señora C.P.B.P. y cualquier otra persona que labore en el Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS) y sirva de testigo en el presente caso al Ministerio Público. 12. -En cuanto a la medida cautelar se impone al señor A.W.P.C. , las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal, consistente en: 6) Someter al señor A.W.P.C. , a presentarse a este despacho judicial a firmar y estampar su huella los días lunes de cada semana, en el libro de control de asistencia que para tal efecto lleva esta judicatura. 7) Se prohíbe al señor A.W.P.C. , salir del país. 8) Prohibición de concurrir a determinados lugares como ser el Departamento de Contabilidad del Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS). 9)P. al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre con ello no se afecte su derecho a la defensa en este caso se le prohíbe al imputado A.W.P. CRISTALES comunicarse con la señora C.P.B.P. y cualquier otra persona que labore en el Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS) y sirva de testigo en el presente caso al Ministerio Público. 13.-En cuanto a la medida cautelar se impone a la señora I.Y.P.L. las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal, consistentes: 6) Someter a la señora (S..I.J.P.L. a presentarse a este despacho judicial a firmar y estampar su huella los días lunes de cada semana, en el libro de control de asistencia que para tal efecto lleva esta judicatura. 7) Se prohíbe a la señora (S..I.J.P.L. , salir del país. 8) Prohibición de concurrir a determinados lugares como ser el Departamento de Contabilidad del Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS). 9)P. al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre que con ello no se afecte su derecho a la defensa en este caso se le prohíbe a la imputada (S..I.J.P.L., comunicarse con la señora C.P.B.P. y cualquier otra persona que labore en el Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS) y sirva de testigo en el presente caso al Ministerio Público. 14 .-En cuanto a la medida cautelar se impone a la señora B.L.L. , las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal, consistente en: 6) Someter a la señora B.L.L. , a presentarse a este despacho judicial a firmar y estampar su huella los días lunes de cada semana, en el libro de control de asistencia que para tal efecto lleva esta judicatura. 7) Se prohíbe a la señora B.L.L. , salir del país. 8) Prohibición de concurrir a determinados lugares como ser el Departamento de Contabilidad del Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS). 9)P. al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre que con ello no se afecte su derecho a la defensa en este caso se le prohíbe a la imputada B.L.L. comunicarse con la señora C.P.B.P. y cualquier otra persona que labore en el Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS) y sirva de testigo en el presente caso al Ministerio Público. 15 .-En cuanto a la medida cautelar se impone al señor M.Á.P.L. , las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal, consistente en: 6) Someter al señor M.Á.P.L. , a presentarse a este despacho judicial a firmar y estampar su huella los días lunes de cada semana, en el libro de control de asistencia que para tal efecto lleva esta judicatura. 7) Se prohíbe al señor M.Á.P.L. , salir del país. 8) Prohibición de concurrir a determinados lugares como ser el Departamento de Contabilidad del Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS). 9)P. al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre que con ello no se afecte su derecho a la defensa en este caso se le prohíbe al imputado M.Á.P.L. comunicarse con la señora C.P.B.P. y cualquier otra persona que labore en el Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS) y sirva de testigo en el presente caso al Ministerio Público. (Folio 153-175 vuelto del tomo I del antecedente) 4) La Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia nacional en Materia de Corrupción, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada K.P.G.A. , en su condición de Apoderada Legal de los señores A.W.P., I.Y.P.L., B.L.L. y M.Á.P.L. , contra el laudo referido en numeral anterior; en fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve , por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual resolvió: 1.CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor A.W.P.C., por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, a título de AUTOR. 2. REFORMA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores I.Y.P.L., (S.B.L.L. y M.A.P.L. , por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, a título de cómplice . 3. REVOCA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores I.Y.P.L. y M.Á.P.L., por el delito de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLES CON SU CARGO y dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. (Folios 215-222 del tomo I del antecedente) 5) Que, la recurrente la Abogada K.P.G.A., compareció ante este Tribunal en fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor de los señores A.W.P.C., I.Y.P.L., M.Á.P.L. y B.L.L. , afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada K.P.G.A. , en su condición antes indicada, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al F., de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veinte de septiembre del año dos mil diecinueve, Por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece de agosto del año dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores A.W.P.C., I.Y.P.L., M.A.P.L.Y.B.L.L., por suponerlos responsables del delito de MALVERSCIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS a título de CÓMPLICES SIMPLES , en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, en la formalización de acción, manifiesta que se ha violentado el debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional relacionado con la aplicación debida del artículo 297 del Código Procesal penal y la consecuente vulneración del artículo 1 y 321 constitucional, al dictar auto de formal procesamiento sin que se haya evidenciado la apropiación de bienes del Estado por parte del señor A.W.P.C., ya que las actividades financieras no son suficientes por si solas para la demostración de los elementos del delito, por ende la actividad de I.Y.P.L., M.Á.P.L. y B.L.L., tampoco puede ser considerada típica, ya que al no evidenciarse que existe ánimo de apropiarse o haberse apropiado de los fondos estatales la supuesta acción accesoria de I.Y.P.L., M.Á.P.L. y B.L.L., tampoco ha podido demostrarse. En consecuencia, la Corte de Apelaciones impugnada ha violentado el debido proceso al dictar un auto de formal procesamiento sin que concurran los elementos de su tipificación legal, por ende, se vulnera el principio de legalidad. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente señala que otra violación que concurre en el presente caso, aunque se entiende que es por una situación sobrevenida posterior, posterior a la emisión de la resolución cuestionada, es lo referente al Decreto 116-2019, que contiene la Ley Especial Para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos, lo cual en su artículo 16 imposibilita la continuación de cualquier causa relacionada con fondos públicos, mientras el Tribunal Superior de Cuentas no realice una auditoría al respecto. De acuerdo al artículo 96 constitucional las leyes en materia penal tienen efecto retroactivo, siempre que favorezcan al reo, en el caso en estudio favorece a los imputados, antes relacionados, porque si bien la norma no era vigente al momento de la emisión de la resolución cuestionada, esa transformación que produjo en nuestro conjunto normativo, repercute en una variación de tratamiento de la presente causa, por lo que la no aplicabilidad de dicha norma le da forma a un irrespeto de magnitud constitucional, de no decretarse el sobreseimiento en la presente causa. CONSIDEANDO (6): Que el Ad quem en su resolución describe una relación de los hechos que motivan el recurso, en lo conducente del párrafo de la motivación y fundamentación jurídica expone: que comparte el criterio con el Juez de primera instancia sobre la administración de fondos como atribución del imputado A.W.P.C., en su condición de asistente administrativo contador responsable de la ejecución del gasto (F01), a través del sistema de Integración Administrativo financiera (SIAFI), pues los indicios indican que era l persona encargada de la administración de los recursos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), es decir el señor P.C., administraba o custodiaba los recursos de la institución, aparentemente se sirvió de esta situación para apropiarse de dichos caudales, aprovechando la omisión de sus compañeros B.S.B., J.A.C. y W.A.L.F., que le facilitaron o revelaron su clave de usuario y contraseña, violentando las políticas de seguridad establecidas por el SIAFI, tal y como lo estableció en su declaración la señora M.M.S., quien explicó el trámite del mismo, haciendo tres pasos para el pago vía SIAFI, primero se ingresa, posteriormente se aprobaba y finalmente se firmaba, una vez impresa la F-01, documento de ejecución del gasto, pasaba la orden de pago y el señor A.W.P.C., era el encargado de aprobar la orden de pago con toda, la documentación soporte. CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem es del criterio que la acción cometida por I.Y.P., L.L.Y.M.A.P., sería a título de cómplice a tenor del artículo 33 del código penal, por cuanto en su caso, de acuerdo al cuadro fáctico, no prestan en realidad una cooperación necesaria sin la cual no se habría cometido el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, siendo que ellos facilitaron los números de cuenta de Banco Atlántida, beneficiándose del dinero que había sido asignado para el pago por publicidad, viáticos nacionales, mantenimiento y reparación de equipo y copra de papelería, por ello participan con actos anteriores y simultáneos al facilitar sus cuentas bancarias y datos a sabiendas de la malversación recibiendo el dinero depositado en sus cuentas, como lo demuestra el informe de auditoría donde constan los depósitos, que se realizaron a favor de las imputadas (o). De lo anterior el Ad quem señala que en consideración a cada acción realizada existen indicios suficientes, para considerar la probable existencia del delito de Malversación de Caudales Públicos, ya que se acreditó una actividad mínima probatoria mediante declaraciones testificales y dictámenes preliminares realizados por la F.ía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, para la Recolección y Análisis de la Unidad Técnica Especializada de Auditoría Forense. CONSIDERANDO (8): Que el Ad quem para dejar caramente establecida la participación como cómplices, señalando que doctrina delimita lo que es cooperación necesaria y la complicidad, conocida como la teoría de los Bienes Escasos, comprendiendo la misma, que si lo que aporta el autor es según las circunstancias un bien escaso, el partícipe será cooperador necesario, pero si lo aportado es en esas circunstancias un bien abundante, habrá complicidad. En el caso de autos el aporte de sus cuentas de ahorro particulares por parte de las coimputadas (o), I.Y.P.L., B.L.L.Y.M.A.P.L., en el proceso para realizar los depósitos mediante las transferencias F-01 de la manera ya descrita, es un bien abundante y por ello no puede ser considerados como bienes escasos. La conducta que realiza el cómplice de un delito es prestar colaboración con la ejecución del delito. Que por todo ello, la Corte de Apelaciones confirma el auto de formal procesamiento contra el señor A.W.P. CRISTALES. Reforma el auto de formal procesamiento contra: I.Y.P.L., B.L.L.Y.M.A.P.L., por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PRÚBLICOS a título de autor. Revoca el auto de formal procesamiento a: I.Y.P.L.Y.M.P.L. por el delito de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON SU CARGO y dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. CONSIDERANDO (9): Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO (10): Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la etapa preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al requerimiento, fiscal, como último momento de la etapa preparatoria esta la audiencia inicial. CONSIDERANDO (11): Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de los mismos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de formal procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso [1]. El auto de formal procesamiento, deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional. CONSIDERANDO (12): Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada CONSIDERANDO (13): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del debido Proceso. De lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad quem tanto de los hechos que motivan el proceso penal de mérito como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones es conforme a Derecho. CONSIDERANDO (14): Que analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la resolución impugnada , ésta Sala aprecia que la resolución dictada por el Ad quem no es ajena a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, aplicadas al contexto factico y al acervo probatorio incorporados al expediente judicial, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los acusados (as), sujetos medidas cautela distintas a la prisión preventiva, sustentando su resolución con la motivación y fundamentación jurídica suficiente, De ahí que al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los recurrentes y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia, que la misma Constitución le garantiza. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO : La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por la Abogada K.P.G.A. , a favor de los señores A.W.P.C.,I.Y.P.L., M.A.P.L.Y.B.L.L., contra la sentencia de fecha vite de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada L.A.S..- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. L.Á.S. . PRESIDENT A DE LA SALA CONSTITUCIONAL. J.A.Z.Z.. E.F.O.C.. R.A.H.R.. J.A.S.V.. FIRMA Y SELLO. C.A.A.C.. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central , a los diecisiete días del mes de junio de dos mil veintiuno , certificación de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno , recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO- 10 66 -20 19 .

C.A.A.C.

SECRET ARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Á.O.F.- Los Nuevos R.d.J. y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de E.J.R.A.M.. L., S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. P.. 99

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