Civil nº AC-1054-19 de Supreme Court (Honduras), 8 de Diciembre de 2021

PonenteReina Auxiliadora Hércules Rosa
Fecha de Resolución 8 de Diciembre de 2021
EmisorSupreme Court (Honduras)

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: COR TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL . Tegucigalpa , Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. VISTO : Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado H.E.E., a favor de la señora R.C.H.A. , contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de F.M. , en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) , que declaró Nulidad Absoluta de Actuaciones, a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017) y actuaciones posteriores; en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la Sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de F.M., con relación a la Demanda por la vía del Procedimiento Abreviado no Dispositivo para el reconocimiento de unión de hecho póstumo, promovida por la señora R.C.H.A. , contra sus hijas P.V. y ROSA XIOMARA de apellidos L.H. .- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos contenidos en los artículos 59, 80, 90, 112, 183 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce (12) junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de F.M., la señora R.C.H.A. , interponiendo Demanda por la Vía del Procedimiento Abreviado No Dispositivo para el reconocimiento de una unión de hecho, contra sus hijas P.V. y ROSA XIOMARA de apellidos L.H.. (Folios del 1–3 d e la Pieza de antecedentes del A-quo ) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia Definitiva en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (Sic) PRIMERO : Declara DESESTIMADA la Demanda por la vía del proceso abreviado no dispositivo de RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO , promovida por la señora R.C.H.A. , contra las señoras P.V.L.H. y R.X.H.A. de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia y que dicha unión de hecho se solicitó entre la señora R.C.H.A. y el señor M.L. (Q.D.D.G.) …” (Folios del 70–73 de la Pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado H.E.E., en su condición de apoderado legal de la señora R.C.H.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de F.M. y que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de F.M., dictó Sentencia en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) PRIMERO : DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir e inclusive de auto de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), y actuaciones posteriores; en consecuencia debe inadmitirse la demanda.- SEGUNDO : SIN COSTAS …” (Folios del 22-27 de la Pieza de antecedentes del Tribunal de Segunda Instancia) 4) Que el Abogado HECTOR EMILIO ESPINOZA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la señora R.C.H.A., contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 80, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020). (F. del 1-3 y 38 de los autos) 5) Que en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil veintiuno, (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la A..Y.G.H. y por emitido en tiempo y forma su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “E l Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.” (F. del 41–46 de los autos) CONSIDERANDO(1) : Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución [1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley [2].” CONSIDERANDO(2) : Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia dictada por unanimidad de votos en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) , por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de F.M., en la Demanda por la vía del Procedimiento Abreviado no Dispositivo para el reconocimiento de unión de hecho póstumo, promovida por la señora R.C.H.A. , contra sus hijas P.V. y ROSA XIOMARA de apellidos L.H. ; resolución mediante la cual el Tribunal Ad-quem resolvió decretar Nulidad Absoluta de Actuaciones, a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017) y actuaciones posteriores; en consecuencia debe inadmitirse la demanda, en ocasión del recurso de apelación promovido por la Parte Demandante contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de F.M., en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que Desestima la demanda promovida por la vía del proceso abreviado no dispositivo de Reconocimiento de Unión de Hecho. CONSIDERANDO(3) : Que el recurrente Abogado H.E.E. , muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 59, 80, 90 , 112 párrafo tercero, 183 y 321 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 46 y 52 del Código de Familia ; el impetrante relaciona los medios de prueba que hizo valer en primera instancia, los que a su criterio demuestran la unión de hecho entre su representada señora R.C.H.A. y el señor M.L., argumentando que la estabilidad de esa unión se dio desde el fallecimiento de la señora M.G.L. en el año 1996. Estima que existe incongruencia de la sentencia emitida por la A-quo al proferir un fallo adverso que le causa un gran perjuicio a su representada, pues la sentencia en otros términos hubiera hecho posible el cobro de un beneficio Latente a favor de la señora R.C.H.A., que otorga HONDUTEL a través de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones de Honduras (ANJUPETELH) y que es para lo único que le serviría la pretensión plasmada en la demanda que se recurre, CONSIDERANDO (4) : Que, de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 59, 80, 90, 112, 183 y 321 de la Constitución de la República, los relaciona con quebranto de los preceptos 45 y 46 del Código de Familia que a la letra disponen: “ Artículo 45 . La existencia de la unión de hecho entre un hombre y una mujer, con capacidad para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad , surtirá todos los efectos del matrimonio realizado legalmente, cuando fuere reconocida por autoridad competente.”; “Artículo 46. Cuando la unión de hecho establecida no fuere singular porque uno de los dos (2) estaba unido en matrimonio anterior, la unión de hecho surtirá plenos efectos legales en favor de la persona que hubiere actuado de buena fe y de los hijos habidos en la unión, sin perjuicio de los derechos legales de la esposa e hijos del matrimonio”. -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO(5) : Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales [3]. En ese orden de ideas, en el artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional se establece que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial , gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y para finalizar el debido proceso ; éste último principio, de obligatorio cumplimiento en todo acto sea éste administrativo o judicial a efecto de garantizar que el proceso se desarrolle con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(6) : Que la finalidad del recurso de apelación según disposición contenida en el artículo 705 del Código Procesal Civil [4]son dos a saber: 1. Lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objetos de debate por el órgano jurisdiccional competente; y 2. La revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. Ninguno de estos dos aspectos fue abordado por la sentencia que se recurre en A., ello en atención a que la decisión proferida por unanimidad de votos por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de F.M., se fundamenta en lo establecido por el artículo 701 del código en comento, en cuanto a la facultad que le otorga la ley para entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente; de ahí que si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo originó. –Art. 715.1 del Código Procesal Civil- CONSIDERANDO(7) : Que en ese orden de ideas la ley civil adjetiva en relación a la nulidad de los actos procesales desarrolla en el Título Quinto, Capítulo VII lo atinente a esta institución jurídica, señalando el artículo 211 que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o anulabilidad; por su parte en el artículo 212 se establece que los actos procesales serán nulos en los casos allí indicados, el numeral 4 y 6 de interés en el caso sub júdice taxativamente dice: “ ARTÍCULO 212.- NULIDAD . Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1…. 2… 3… 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. 5… 6. En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen. CONSIDERANDO (8) : Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales , a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (9) : Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia” [5]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad” [6]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 [7]si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. [8]Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (10) : Que la sentencia recurrida y que fuera dictada por unanimidad de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de F.M., establece inter alia en los fundamentos de derecho que el Juez debe realizar un trabajo intelectual capaz de determinar si los hechos expuestos en la demanda y que conforman una determinada causa de pedir, son susceptibles de producir los efectos jurídicos pretendidos por la parte actora. En este sentido, la parte actora debe relatar unos hechos que coincidan con el presupuesto de hecho contenido en la norma jurídica que fundamenta la pretensión y que generan ciertas consecuencias jurídicas . En el acápite octavo la autoridad recurrida procede a citar el Artículo 45 del Código de Familia, argumentando que la unión de hecho por definición requiere que las personas tengan libertad de estado o que, si uno de ellos está casado, lo ignore el otro , es decir que sea de buena fe, tal como lo establece el artículo 63 del Código de Familia . Siguiendo esta idea, la argumentación expuesta en la sentencia es que, de este contexto jurídico, se desprende que uno de los requisitos ineludibles para admitir a trámite la demanda, es que la relación sea singular , caso contrario, en la demanda alegar que se ignoraba , es decir que era de buena fe. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11) : Que los actos de las partes y de los órganos jurisdiccionales, mediante los cuales la Litis “procede” desde su comienzo hasta su resolución y cuyo conjunto se denomina procedimiento, deben someterse a determinadas condiciones de lugar, de tiempo, de medios de expresión; estas condiciones de llaman formas procesales en sentido estricto. En un sentido más amplio, pero menos propio, llámense formas los mismos actos necesarios en el proceso, en cuanto que, estando coordinados a la actuación de un derecho sustantivo, tienen carácter de forma respecto de la sustancia [9]. En general, la doctrina relaciona la nulidad procesal con un defecto de forma en el ejercicio o desarrollo del acto procesal, como una sanción al acto irregular; con el incumplimiento de algún requisito que la ley prescribe para la validez del acto ; con la sanción civil o penal que la ley establece como reacción a la violación del procedimiento establecido; como una consecuencia lógica del incumplimiento de aquellas formas a las cuales la ley atribuye determinados efectos ; como un estado de anormalidad del acto; como una privación de efectos imputada a los actos del proceso; una sanción de ineficacia con que la ley castiga los actos de procedimiento cuando se ha faltado a trámites esenciales o para cuyo defecto las leyes dispongan expresamente la nulidad, etc. La doctrina suele relacionar la nulidad procesal con la vulneración o infracción de los requisitos de los actos procesales . La teoría del carácter extrínseco de la nulidad, idea del jurista francés J., es seguida por varios juristas, en la que se explica la nulidad como una sanción, y ello quiere decir que, frente a una determinada irregularidad en el ejercicio de un acto procesal, que causa un perjuicio importante a alguna de las partes, el ordenamiento reacciona y elimina los efectos del acto viciado . El jurista Y.B. expresa que “existen multitud de formulaciones, ya que no todo desajuste causa la nulidad, solo las más graves y de normas imperativas”. En forma similar se pronuncia L.R. al sostener que “esta caracterización admite diversas formulaciones, puesto que se suele admitir que ni cualquier infracción de una norma legal lleva aparejada la sanción de nulidad, sino solo las más graves y solo las de las normas imperativas, ni es exclusivamente la infracción a un precepto positivo la determinante de nulidad sino también la falta de los requisitos indispensables para que el acto alcance su finalidad”. [10] CONSIDERANDO (12) : Que, en ese orden de ideas, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador [11]; asimismo el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía [12]. Para el Doctor Presentación Quesada aplicando las reglas del artículo 19 del Código Civil, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, sostiene el autor que la Ley es un todo armónico; y entre sus distintas partes existe un verdadero enlace o conexión resultante del pensamiento que dominó al legislador en la emisión de la ley. Del contexto total de ella viene a resultar así la idea fundamental que puede aclarar el concepto del pasaje ambiguo u oscuro que se quiere interpretar [13]. En el caso sub júdice no se puede interpretar aisladamente el precepto 715.1, fuera del contexto de la ley en su totalidad CPC y menos aún, desconociendo lo establecido en el precepto 212.4 que establece que un acto procesal es nulo, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión . CONSIDERANDO (13) : Que, vista y analizada la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por Unanimidad de Votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de F.M., a efecto de declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), se respalda en razonamientos rigoristas y formalismos procesales inexistentes en la ley procesal adjetiva, en relación a los requisitos de admisión de la demanda; la Alzada argumenta y trae a colación lo establecido en los artículos 45 y 63 del Código de Familia como requintos ineludibles para admitir a trámite la demanda que nos ocupa, olvidando que los requisitos que debe contener una demanda por la vía del proceso abreviado, se encuentran contenidos en el artículo 583 del CPC, fundamento de derecho que se menciona en el acápite sexto de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida en A., pretendiendo la Alzada con su argumentación que, en el escrito de demanda se acrediten las pretensiones del demandante, que es precisamente la labor del juez una vez evacuada la prueba propuesta. Compete a la parte actora la descripción de los hechos en los que basa su petición, hechos que deben estar contenidos en la norma jurídica –Art. 45, 46 y 63 del Código de Familia-, determinar si esa unión de hecho peticionada por la parte actora, reúne todos los requisitos de singularidad y estabilidad para reconocerla como tal, es la labor encomendada al Juez, conforme a las pruebas evacuadas en juicio. La Alzada declara nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto que ordena subsanar el escrito de demanda presentado, sin fundamentar como lo establece la doctrina, cuál es esa infracción procesal grave que ha causado indefensión (Como lo prevé la ley procesal civil hondureña) a las partes, que haya traído como consecuencia la vulneración a derechos fundamentales. La fundamentación de la sentencia recurrida, se expresa en argumentos irracionales, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que la misma Constitución preceptúa. CONSIDERANDO (14) : Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera el derecho al debido proceso invocado por el recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de subsanación de la demanda, ello porque se ha emitido una resolución que se apoya en razonamientos rigoristas y formalismos procesales inexistentes en la ley procesal adjetiva, en relación a los requisitos de admisión de la demanda, aunado a ello no se determina cual es la infracción grave a la norma legal, que haya producido indefensión a las parte o parte en específico y con ello la vulneración de derechos fundamentales; el jurista G.C.(.citado líneas arriba) señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo. [14]En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem indica en la fundamentación de su fallo, la inexistencia de requisitos de admisión en la demanda que no se encuentran establecidos en el precepto 583 del CPC, ni menciona cual ha sido la indefensión provocada a las partes o a la parte demandada. CONSIDERANDO (15) : Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16) : Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado . CONSIDERANDO (17) : Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de F.M. debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de subsanación de la demanda, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 3, 211, 212.4 y 6 y 583 del Código procesal Civil; resolución que se apoya en razonamientos rigoristas y formalismos procesales inexistentes en la ley procesal adjetiva, en relación a los requisitos de admisión de la demanda, aunado a ello no se determina cual es la infracción grave a la norma legal, que haya producido indefensión a las parte o parte en específico y con ello la vulneración de derechos fundamentales ; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO : La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 45, 46 y 63 del Código de Familia; 1, 3, 7, 211, 212.4.6 y 583 del Condigo Procesal Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado H.E.E., a favor de la señora R.C.H.A. , contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución conforme a los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en A. los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, evitando argumentos rigoristas carentes de sustento legal que suponen obstáculos de acceso a la justicia, debiendo establecer cuál ha sido esa infracción procesal grave que ha causado indefensión a las partes, que merezca la sanción de la nulidad absoluta de actuaciones y retrotraer el proceso al inicio de presentación de la demanda, caso contrario dictar sentencia de fondo conforme a las pretensiones deducidas en la interposición del recurso de apelación. Y MANDA : Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada R.A.H.R..- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. L.Á.S. . PRESIDENT A DE LA SALA CONSTITUCIONAL . J.A.Z.Z.. E.F.O.C.. R.A.H.R.. J.A.S.V.. FIRMA Y SELLO. C.A.A.C.. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central , a los tres días del mes de febrero de dos mil veintidós , certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno , recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO- 1054-2019 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRET ARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2]Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[4] En adelante CPC.

[5]Corte IDH. Caso C.P. y otros Vs . Perú. Fondo, R. y C.. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso C.B..V. . Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.

[6]Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, R. y C.. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso L.L..V. . Honduras. Fondo, R. y C.. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.

[7] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[8]Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, R. y C.. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, R. y C.. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso T.T.V.G.. Fondo, R. y C.. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.

[9] G.C., Curso de derecho procesal civil . Oxford University Press México, S.A. de C.V. Primera Serie, volumen 6. 1999. P.. 407.

[10] J.C.P.. LA NULIDAD PROCESAL COMO TÉCNICA PROTECTORA DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PARTES EN EL DERECHO PROCESAL CHILENO. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 18-N° 1, 2011 pp. 49-84

[11] Artículo 17 del Código Civil.

[12] Í. artículo 19.

[13] Presentación Quesada; Comentarios al Código Civil Hondureño . L. y Cía. Tegucigalpa, Honduras 1967. pág. 100.

[14] OXFORD University Press, Primera Serie volumen 6, México, D.F. abril de 2001, pág. 409.

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