Introducción

• Páginas: 21-21
• Autor: José Modesto Canales

xxi

INTRODUCCIÓN

Con el surgimiento de los estados modernos en el siglo xix, y con

estos la división de poderes complementarios e independien-

tes -Legislativo, Judicial y Ejecutivo-, corresponde al Poder Ejecutivo

la Administración Pública, teniendo esta como objetivo central la

satisfacción de las necesidades básicas de la población; el cumpli-

miento de esta misión se logra mediante la prestación de bienes y

servicios públicos para benecio de la sociedad -gratuitos, subven-

cionados o pagados-, incluyéndose: educación, salud, infraestructura

vial y aeroportuaria, agua potable, saneamiento, energía eléctrica, seguri-

dad, transporte, telecomunicaciones, y otros.

En el siglo xx, la mayoría de estos servicios eran prestados directamente

por empresas públicas o por entes autónomos, siempre dependientes

del Gobierno Central; sin embargo, en las últimas décadas la demanda

de estos servicios, vinculado al aumento signicativo de la población

nacional ha aumentado y se han diversicado, volviendo su prestación

más compleja, por lo que la Administración Pública se ha visto obli-

gada a satisfacer gran parte de esas necesidades a través de contratos

de concesión, cediendo la administración de las mismas a empresas

privadas, procurando con ello la ampliación de la cobertura a precios

competitivos y con niveles óptimos de conabilidad y calidad.

El cumplimiento de esta función pública implica relaciones entre el Es-

tado, empresas y ciudadanos, por lo que se demanda un marco regu-

lador para que la prestación de los servicios públicos se desarrolle con

las garantías jurídicas necesarias, teniendo como trasfondo el Estado

de Derecho, es decir, que se garantice la inversión y el desarrollo de las

empresas y la satisfacción de los servicios por parte de los ciudadanos,

siendo el Estado el garante de toda esta dinámica de desarrollo socioe-

conómico, en la búsqueda del bien común.

El Derecho administrativo como parte del derecho público establece

el marco jurídico o rector para regular las relaciones entre los actores

antes mencionados, deniendo claramente derechos y obligaciones

entre las partes. En denitiva, lo que se pretende lograr son mejores

condiciones de vida para la población e igualdad de oportunidades

para los individuos, todo ello en un ambiente de paz, de justicia social,

de seguridad, estabilidad y de legítima participación democrática.