Penal nº CP-117-20 de la Corte Suprema de Justicia (Honduras), 06-09-2023

JurisdicciónHonduras
Fecha de sentencia06 Septiembre 2023
Tipo de procesoCasación Penal
EmisorSupreme Court (Honduras)

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-117-2020, que literalmente dice: SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha seis de septiembre del dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, W.R.M.S., en su calidad de Coordinador, N.D.M.F. y M.R.D.F., pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-117-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a P.R.A.M., del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de H.A.G.S., a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Se declaró civilmente responsable al condenado del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. TERCERO: No procedió la condena en costas al condenado. Son partes en única instancia: Los Abogados G.D.Z. y J.R.I.S., en su condición de defensores privados de P.R.A.M., como parte recurrente; y la Abogada M.I.C.G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Como a eso de las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:45 p.m.) del día viernes quince (15) de diciembre del año dos mil quince (2015), en la Aldea Guanizales del Municipio de Márcala Departamento de La paz, específicamente en una propiedad, el señor H.A.S. se encontraba trabajando, en el lugar se encontraban varias personas entre ellos A.Y.M..V.M.J.L. y E.Y.G.S. ya que se disponían a pesar varios sacos de café, en ese momento llego P.R..A.M. Y comenzó a insultar a H.A.S., posteriormente abrió el falso del cerco se introdujo a la propiedad dirigiéndose a donde se encontraba H.A. quien se encontraba agachado amarrando un saco, instante que aprovecha P.R.A. y le infiere una herida con arma blanca tipo machete, en región cervical posterior con compromiso muscular y óseo, con decapitación parcial y región dorsal de mano derecha, área primer metacarpio sin crepito óseo que le produjo la muerte, posteriormente huye del lugar.- SEGUNDO: Inmediatamente los testigos informan el hecho a la Jefatura Municipal de Márcala, por lo que los agentes policiales entre ellos C.D.G. se desplazan al lugar confirmando el hecho criminal y al obtener los datos del sospechoso se dirigen a su búsqueda llegando a la casa de habitación de éste (imputado), encontrando en la vivienda a su madre quién les manifestó que su hijo había llegado a cambiarse de ropa y se dirigía a la Aldea Tres Cruces lugar donde le dieron captura.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada E.R.E.M., en su condición de defensora publica de P.R.A.M., procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 82 de la Constitución en relación con el 1 y 90 de la misma carta magna y 14 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos de la constitución de la República que establecen Articulo 82: "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes". Artículo 90: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...........”. Articulo 14 Código Procesal Penal: Inviolabilidad del derecho a la defensa. El derecho de defensa es inviolable. El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario de la autoridad correspondientes cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal de los actos o del proceso. Les órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual cele, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también, las que eximan de ella, la extingan o atenúen." PRIMERO: Los precitados artículos considero que han sido vulnerados al decidir al momento de dictar su fallo el Tribunal de Sentencia que se habla quebrantado el estado de inocencia de mi representada, en vista de que el Sentenciador prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de legar al delito de "HOMICIDIO" por parte de mi representado. En ese sentido valoraron para acreditar la muerte del señor H.A.G.S. y la que quedó demostrada la participación de mi representado los medios de prueba: a.-Testifical como ser las declaraciones de las señores A.Y.M.V., M.J.L., E.G.S., C.D.G., b.- Documental consistente en acta de levantamiento de cadáver y álbum fotográfico, acta de inspección ocular y certificación de nacimiento de H.A.G.S., c.- así como el correspondiente dictamen de autopsia emitido por E.E.L.F.. Con los anteriores medios de prueba el Tribunal de Sentencia declararon como hechos probados: "primero: Como a eso de las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:45 pm) del día viernes quince (15) de diciembre del año dos mil quince (2015), en la Aldea Guanizales del Municipio de Marcala Departamento de la Paz, específicamente en una propiedad, el señor H.A.S. se encontraba trabajando, en el lugar se encontraban varias personas entre ellos A.Y.M.V., M.J.L.Y.E.Y.G.S., ya que se disponían a pesar varios sacos de café en ese momento llego P.R.A.M. y comenzó a insultar a H.A.S., posteriormente abrid el falso del cerco se introdujo a la propiedad dirigiéndose a donde se encontraba H.A. quien se encontraba agachado amarrando un saco, instante que aprovecha P.R.A. y le infiere una herida con arma blanca tipo machete, en región cervical posterior con compromiso muscular y óseo, con decapitación parcial y región dorsal de la mano derecha, área primer metacarpio sin crepito óseo que le produjo la muerte, posteriormente huye del lugar. SEGUNDO: Inmediatamente los testigos informan el hecho a la Jefatura Municipal de M., por lo que los agentes policiales entre ellos C.D.G. se desplazan al lugar confirmando el hecho criminal y al obtener los datos del sospechoso se dirigen a su búsqueda llegando a la casa de habitación de este sospechoso se dirigen a su búsqueda llegando a la casa de habitación de este (imputado), encontrando en la vivienda a su madre quien les manifesté que su hijo había llegado a cambiarse de ropa y se dirigía a la Aldea Tres Cruces lugar donde le dieron captura”. SEGUNDO: Una vez visto lo anterior, esta defensa mantiene que fue violentado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso perjudicando al señor A.M., ya que omitieron valorar la prueba presenta por la Defensa consistente en Dictamen Pericial emitido por el P.J.A.M.B. de manera conjunta con un dictamen psiquiátrico. La primera evacuación arrojo como información entre otras cosas las características de personalidad del imputado con pobre control de impulso, agresividad, quien presenta predisposición a actuar de manera inesperada por lo que es inestable emocionalmente, con arrebatos de ira y dificultad para controlar las propias conductas explosivas, siendo muy importante de este dictamen la referencia en el sentido que debía ser evaluado por un psiquiatra forense con el objetivo de Identificar el estado mental del imputado. Cabe hacer mención que se oferto como medio de prueba dicha pericia psiquiátrica, pero al momento de la evacuación de in evaluación psiquiátrica propuesta en la audiencia de proposición de prueba, no se realizó dicha diligencia, debido a que por parte de psiquiatría forense se dio fecha para realizar la evaluación para el día 19 de septiembre del 2019, siendo posterior a la fecha de evacuación del debate, por ella en aras de mantener la tesis de defensa, me vi en la obligación de solicitar que se suspendiera el debate por ser necesario que se realizara la evaluación mental ya que se ha maneado une eximente de responsabilidad, pero el tribunal de sentencia resolvió que no debe dicha suspensión ya que implicada nueva sustanciación del juicio debido a que estaban en el día 15vo. y cito de manera textual: “…se observa que la audiencia de proposición de pruebas se realizó en el año 2018 a estas alturas no le compete los problemas que le haya ocurrido en la defensa de que la prueba no se haya realizado porque tuvieron el tiempo suficiente para que hicieran las diligencias necesarias de instar el proceso al tribunal por medio de la secretaria y hacerlo de forma individual a través del ministerio público por lo tanto consideramos que no es procedente la decisión planteada por la defensa." TERCERO: Al recibir esta resolución se invocó el correspondiente recurso de reposición con fundamento en los artículos 352 y 353 del Código Procesal Penal por considerar que la prueba pericial era de suma importancia para que se acreditara el estado mental del imputado considerando que este es el que podría acreditar dicha eximente de responsabilidad, pero nuevamente el Sentenciador denegó dicha petición y entre otras cosas en esta decisión establecieron que debían respetar los principios de Legalidad y el debido proceso y que no pueden salirse de los plazos que contempla el código procesal penal lo subrayado es mío, pero se olvidó que dentro de las garantías que existen en los proceso penal está la del Derecho a la Defensa, pero esta garantía constitucional no se respetó. A pesar de dichas resoluciones en ningún momento se renunció a este medio de prueba por considerarlo imprescindible, en relación a este se ordenó la exclusión del mismo. Pero en la lucha por ejercer una defensa efectiva para que de alguna fama se acreditaran les problemas mentales del imputado y como auto para mejor proveer fundamentado en el artículo 333 de la normativa procesal esta defensa intento ingresar prueba en relación a que fue evaluado por el área de psiquiatría del Hospital Mario Mendoza con los siguientes documentos: 1.- nota enviada por el director del centro penal de Marcala a los jueces de los juzgados de marcala donde informaban que el imputado el 5 de julio del año 2018 fue evaluado por el área de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza así como una nota dirigida al abogado E.B. por el Director del centro penal de Marcala donde envía copia de una evaluación psiquiátrica mencionada, las cuales constaban en el expediente administrativo del centro penal antes mencionado. Nuevamente el tribunal rechaza la solicitud de la defensa, si bien es cierto las constancias son de fecha anteriores reunían los requisitos de admisibilidad en el sentido que no se iba a suspender el proceso. Debido a que el Tribunal de Sentencia sabía que la defensa deseaba acreditar el estado mental por medio de psiquiatría en aras de hacer ver que se tenía respeto a los derechos del imputado establecieron en esta una resolución: De haber existido una fecha antes del dictamen el tribunal lo hubiera sido accesible para esperar que le practicaran pero en este caso han manifestado que la cita que le ha dado el psiquiatría en fecha 19 de septiembre lo que imposibilita al tribunal dado que se sale dentro de los plazos establecidos por lo tanto consideramos que no es procedente admitir estos medios de prueba propuestos por parte de la defensa" CUARTO: Es por todo lo anteriormente expresado que considero que no ha existido respeto al debido proceso entendiéndose como tal como un principio general del derecho que establece que el estado está en la obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley le reconoce a un individuo, garantizando que cada una de las personas disponga de determinadas garantías mínimas para que el resultado del proceso Judicial sea equitativo y pasto, en el caso que nos ocupa, se transgredió el derecho a la Defensa por la falta de evacuación de medios de prueba que considerara indispensables para fundamentar su estrategia de defensa la cual fue truncada por las resoluciones dietadas por el Tribunal de Sentencia. Es por ello que queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, as lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos respetar nuestra ley fundamental y defenderla de quienes quieran transgrediría, es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso y el respeto de la presunción de Inocencia que toda persona tiene, por lo cual el presente recurso debe ser resuelto a favor de mi representado el señor P.R.A.M..R. HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Sendo que el Tribunal de Sentencia Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, no permitió se realizara un juicio justo para el encartado at no evacuare todos los medios de prueba a su favor, decidiendo condenar a mi representado por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de H.A.G.S., resolución con la cual no está de acuerdo la defensa por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único MotivoN.A.: Artículo 361 del Código Procesal Penal.Norma Constitucional que se denuncia Infringida: 82 en relación al 1 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 14 del Código Procesal Penal.Concepto de la Infracción: Derecho a Defensa y Debido Proceso.Reclamación Ex Ante: En la audiencia de juicio oral y público. Pretensión: Que se declare con lugar el Recurso de Casación. Explicó el recurrente que, durante el juicio oral y público el Tribunal de sentencia omitió valorar la prueba presentada por la defensa consistente en dictamen pericial emitido por psicólogo de manera conjunta con dictamen psiquiátrico, sigue manifestando el impetrante que este último no fue practicado por psiquiatría forense, pues la fecha señalada para dicha evaluación era para después de la fecha de debate, sigue manifestando que al solicitar al Tribunal de sentencia de Comayagua la suspensión del debate para la practicara de la pericia, esta le fue denegada por el A-quo, resolviendo que no se daba dicha suspensión porque implicaba una nueva suspensión del juicio y que ya se encontraban en el quinceavo 15vo día, manifiesta que el A-quo indico que la audiencia de proposición de prueba se realizo en el año dos mil dieciocho que a estas alturas no le compete los problemas de la defensa, porque tuvo el suficiente tiempo para realizar las diligencias necesarias para que se practicara dicha evaluación. Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010). Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, en relación al Derecho de defensa la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (V.P.G.G.. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo.- En principio, al analizar el motivo planteado la Sala de lo Penal, discierne que la mayoría de los argumentos son propios de la primera instancia, el reclamo del censor se centra en la denegatoria del Tribunal de sentencia de no suspender el juicio oral y publico para dar mas tiempo a la defensa, y así practicar de una evaluación psiquiátrica, anunciada como medio de prueba a favor de la defensa con la pretensión probatoria de establecer el grado mental del acusado, en ese sentido es preciso revisar la etapa de preparación del debate, específicamente la audiencia de proposición de medios de prueba de fecha 22 de Junio de 2018 (f. 17); En esta audiencia se puede apreciar cuales fueron los medios que fueron ofertados por las partes así como su pretensión probatoria, y cuales fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia, advirtiendo que entre el acervo fue propuesto por parte de la defensa privada una prueba pericial psiquiátrica con el objetivo probatorio de establecer el grado mental del imputado el cual fue admitido y ordenado el libramiento del oficio del caso. Señalando fecha para celebración de juicio oral y público el día martes 28 de mayo del 2019. Sin embargo, no se encuentra ninguna gestión realizada por parte de la Defensa proponente de la pericia psiquiátrica para su debida realización. El día y hora señalado comenzó la celebración del D., sin que la defensa hiciera mención en la etapa incidental de que su representado no había sido evaluado por perito psiquiátrico, señalando hasta el momento de la evacuación del medio de prueba en referencia que faltaba su realización, que en tal virtud solicitaba el truncamiento del debate, petición que fue declarada sin lugar; interponiendo recurso de reposición también declarado sin lugar, considerando el A-quo en su resolución: que mantiene la resolución emitida por las siguientes razones: el código procesal penal establece los plazos y en estos se configuran dos principios fundamentales como es el principio de legalidad y debido proceso es decir que el tribunal de sentencia no puede salirse de estos plazos que contempla el código procesal penal, y hoy el juicio oral y público está en el último día, es decir que está en el décimo quinto día, por lo tanto el recurso de reposición de declaro sin lugar, en vista que no es posible el truncamiento de un juicio oral y publico porque este fue señalado para el día de hoy a las dos de la tarde y fue reanudado y evacuado prueba por lo tanto no se encuentra contemplado en lo que establece el artículo 313 del código procesal penal y mantiene su resolución. Guardando en dicha resolución el Debido Proceso. Del análisis de lo planteado por el censor, esta Sala encuentra que la carga probatoria puede entenderse como la regla de juicio, que señala a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento para dar por acreditadas sus posiciones sean demostrados en el proceso, por lo anterior en el caso que nos ocupa era responsabilidad de la defensa procurar que dicha evaluación psiquiátrica fuera practicada si su finalidad probatoria era establecer el grado mental del acusado como estrategia de defensa. En tal sentido el articulo 101 numeral 11, le confiere a la Defensa de los imputados requerir al Ministerio Publico para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa…el Defensor de la persona podrá solicitar al juez de Letras competente que ordene su ejecución. Lo que no ocurrió en de autos. Articulo 294 párrafo tercero: La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore. En relación establece el artículo 238 numeral 1 del Código Procesal Civil; corresponde al actor y al demandado desconveniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. No encuentra esta Sala que se haya violentado por parte del Tribunal de Sentencia el derecho a Defensa del indiciado, cuando es evidente la falta de diligencia por parte del obligado a traer a juicio aquellos medios de prueba, que le han sido admitidos, a fin de aportar elementos de valor al proceso, en cuanto a la pretensión probatoria tal como lo manifestó en audiencia de proposición de prueba era demostrar un grado mental, y este aspecto quedo de manifiesto en la pericia psicológica bajo el numero de dictamen 20190649, el cual concluye. Coeficiente intelectual: el evaluado obtuvo un puntaje total de 27 que según su edad lo ubica en el percentil 31 ubicándolo en el coeficiente intelectual de 93, 693 clasificándolo dentro del rango normal. Organicidad: ubicándolo el resultado de la prueba aplicada el evaluado presento un puntaje total de 46, para lo cual la inferencia que el Tribunal de sentencia le otorgo este dictamen psicológico es el siguiente: Si bien el dictamen psicológico practicado al imputado de autos concluye rasgos de personalidad emocional de la personalidad impulsivo…no es menos cierto que también menciona el dictamen que el imputado refleja capacidad intelectual normal y no tiene retraso mental, y ante el contrainterrogatorio de parte del psicólogo manifestó el evaluado comprendió las consignas de las pruebas y es capaz de comprender las instrucciones que se le piden, es decir que es capas de comprender lo licito de lo ilícito. Dicho lo anterior en la sentencia sujeto a censor, con la evacuación y valoración del dictamen psicológico, queda acreditada la pretensión que buscaba obtenerse en el dictamen psiquiátrico, de dejar establecido un grado mental, el cual es normal. Como consecuencia de lo anterior, es improcedente el alegato del Censor, pues con éste se formula reproche al Tribunal de Sentencia, que por no haber suspendido el juicio no se pudo evacuar el medio de prueba dictamen pericial psiquiátrico, por ende no forma parte de la carga probatoria; Es importante recordar que el Artículo 333 del Código Procesal Penal es terminante al indicar que durante el debate solo se podrán evacuar los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos y, por su parte el artículo 338 del mismo cuerpo legal dispone que solo se valoraran los medios de prueba que hayan sido evacuados en el debate, de modo que le es prohibido a los Tribunales de Sentencia tomar en consideración prueba que no haya sido oportunamente propuesta y debidamente evacuada en la etapa de juicio; De hecho, en el caso de que lo hicieren, ello constituiría en un vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del cuerpo legal citado que invalida la sentencia. Por todo lo anterior esta Sala de lo Penal llega al convencimiento que no se ha violentado el Derecho de Defensa, y que el Tribunal de Sentencia de Comayagua actuó dentro del marco del Debido Proceso, en el caso que se ha incoado en contra de P.R.M.A., por lo cual se desestime el presente recurso de casación. Decisión: Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; N. constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez/a deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, C.: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In M.P., es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; E. no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la N.M.F. en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP):Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios;Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; yElección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas:Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; oSi la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.P. en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor P.R.A.M., como autor responsable de un delito consumado de Homicidio simple en perjuicio de H.A.G.S., imponiéndole como penas principal: quince (15) años de reclusión, más las pena accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, conforme el Código Penal decreto 144-83, (Art. 117). En el caso del señor P.R.A.M., conforme los hechos probados esta conducta que castiga el NCP 130-2017 con la pena de 15 a 20 años de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado P.R.A.M. conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del 130-2017 que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión (Art. 192 NCP), Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada E.R.E.M., en su condición de Defensora Pública del señor P.R.A.M. a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de H.A.G.C.. Segundo: Declara F. y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. - Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado P.R.A.M.. Tercero Y manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. R.e.M.D.F.. N.. Firmas y Sello. W.R.M.S.. Magistrado Coordinador. N.D.M.F.. Magistrado. M.R.D.F.. Magistrado. Firma y Sello. R.K.S..N.. R..A...S. de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-117-2020.

W.A.M.P.

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-117-2020, que literalmente dice: SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha seis de septiembre del dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, W.R.M.S., en su calidad de Coordinador, N.D.M.F. y M.R.D.F., pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-117-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a P.R.A.M., del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de H.A.G.S., a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Se declaró civilmente responsable al condenado del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. TERCERO: No procedió la condena en costas al condenado. Son partes en única instancia: Los Abogados G.D.Z. y J.R.I.S., en su condición de defensores privados de P.R.A.M., como parte recurrente; y la Abogada M.I.C.G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Como a eso de las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:45 p.m.) del día viernes quince (15) de diciembre del año dos mil quince (2015), en la Aldea Guanizales del Municipio de Márcala Departamento de La paz, específicamente en una propiedad, el señor H.A.S. se encontraba trabajando, en el lugar se encontraban varias personas entre ellos A.Y.M..V.M.J.L. y E.Y.G.S. ya que se disponían a pesar varios sacos de café, en ese momento llego P.R..A.M. Y comenzó a insultar a H.A.S., posteriormente abrió el falso del cerco se introdujo a la propiedad dirigiéndose a donde se encontraba H.A. quien se encontraba agachado amarrando un saco, instante que aprovecha P.R.A. y le infiere una herida con arma blanca tipo machete, en región cervical posterior con compromiso muscular y óseo, con decapitación parcial y región dorsal de mano derecha, área primer metacarpio sin crepito óseo que le produjo la muerte, posteriormente huye del lugar.- SEGUNDO: Inmediatamente los testigos informan el hecho a la Jefatura Municipal de Márcala, por lo que los agentes policiales entre ellos C.D.G. se desplazan al lugar confirmando el hecho criminal y al obtener los datos del sospechoso se dirigen a su búsqueda llegando a la casa de habitación de éste (imputado), encontrando en la vivienda a su madre quién les manifestó que su hijo había llegado a cambiarse de ropa y se dirigía a la Aldea Tres Cruces lugar donde le dieron captura.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada E.R.E.M., en su condición de defensora publica de P.R.A.M., procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 82 de la Constitución en relación con el 1 y 90 de la misma carta magna y 14 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos de la constitución de la República que establecen Articulo 82: "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes". Artículo 90: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...........”. Articulo 14 Código Procesal Penal: Inviolabilidad del derecho a la defensa. El derecho de defensa es inviolable. El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario de la autoridad correspondientes cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal de los actos o del proceso. Les órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual cele, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también, las que eximan de ella, la extingan o atenúen." PRIMERO: Los precitados artículos considero que han sido vulnerados al decidir al momento de dictar su fallo el Tribunal de Sentencia que se habla quebrantado el estado de inocencia de mi representada, en vista de que el Sentenciador prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de legar al delito de "HOMICIDIO" por parte de mi representado. En ese sentido valoraron para acreditar la muerte del señor H.A.G.S. y la que quedó demostrada la participación de mi representado los medios de prueba: a.-Testifical como ser las declaraciones de las señores A.Y.M.V., M.J.L., E.G.S., C.D.G., b.- Documental consistente en acta de levantamiento de cadáver y álbum fotográfico, acta de inspección ocular y certificación de nacimiento de H.A.G.S., c.- así como el correspondiente dictamen de autopsia emitido por E.E.L.F.. Con los anteriores medios de prueba el Tribunal de Sentencia declararon como hechos probados: "primero: Como a eso de las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:45 pm) del día viernes quince (15) de diciembre del año dos mil quince (2015), en la Aldea Guanizales del Municipio de Marcala Departamento de la Paz, específicamente en una propiedad, el señor H.A.S. se encontraba trabajando, en el lugar se encontraban varias personas entre ellos A.Y.M.V., M.J.L.Y.E.Y.G.S., ya que se disponían a pesar varios sacos de café en ese momento llego P.R.A.M. y comenzó a insultar a H.A.S., posteriormente abrid el falso del cerco se introdujo a la propiedad dirigiéndose a donde se encontraba H.A. quien se encontraba agachado amarrando un saco, instante que aprovecha P.R.A. y le infiere una herida con arma blanca tipo machete, en región cervical posterior con compromiso muscular y óseo, con decapitación parcial y región dorsal de la mano derecha, área primer metacarpio sin crepito óseo que le produjo la muerte, posteriormente huye del lugar. SEGUNDO: Inmediatamente los testigos informan el hecho a la Jefatura Municipal de Marcala, por lo que los agentes policiales entre ellos C.D.G. se desplazan al lugar confirmando el hecho criminal y al obtener los datos del sospechoso se dirigen a su búsqueda llegando a la casa de habitación de este sospechoso se dirigen a su búsqueda llegando a la casa de habitación de este (imputado), encontrando en la vivienda a su madre quien les manifesté que su hijo había llegado a cambiarse de ropa y se dirigía a la Aldea Tres Cruces lugar donde le dieron captura”. SEGUNDO: Una vez visto lo anterior, esta defensa mantiene que fue violentado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso perjudicando al señor A.M., ya que omitieron valorar la prueba presenta por la Defensa consistente en Dictamen Pericial emitido por el Psicólogo J.A.M.B. de manera conjunta con un dictamen psiquiátrico. La primera evacuación arrojo como información entre otras cosas las características de personalidad del imputado con pobre control de impulso, agresividad, quien presenta predisposición a actuar de manera inesperada por lo que es inestable emocionalmente, con arrebatos de ira y dificultad para controlar las propias conductas explosivas, siendo muy importante de este dictamen la referencia en el sentido que debía ser evaluado por un psiquiatra forense con el objetivo de Identificar el estado mental del imputado. Cabe hacer mención que se oferto como medio de prueba dicha pericia psiquiátrica, pero al momento de la evacuación de in evaluación psiquiátrica propuesta en la audiencia de proposición de prueba, no se realizó dicha diligencia, debido a que por parte de psiquiatría forense se dio fecha para realizar la evaluación para el día 19 de septiembre del 2019, siendo posterior a la fecha de evacuación del debate, por ella en aras de mantener la tesis de defensa, me vi en la obligación de solicitar que se suspendiera el debate por ser necesario que se realizara la evaluación mental ya que se ha maneado une eximente de responsabilidad, pero el tribunal de sentencia resolvió que no debe dicha suspensión ya que implicada nueva sustanciación del juicio debido a que estaban en el día 15vo. y cito de manera textual: “…se observa que la audiencia de proposición de pruebas se realizó en el año 2018 a estas alturas no le compete los problemas que le haya ocurrido en la defensa de que la prueba no se haya realizado porque tuvieron el tiempo suficiente para que hicieran las diligencias necesarias de instar el proceso al tribunal por medio de la secretaria y hacerlo de forma individual a través del ministerio público por lo tanto consideramos que no es procedente la decisión planteada por la defensa." TERCERO: Al recibir esta resolución se invocó el correspondiente recurso de reposición con fundamento en los artículos 352 y 353 del Código Procesal Penal por considerar que la prueba pericial era de suma importancia para que se acreditara el estado mental del imputado considerando que este es el que podría acreditar dicha eximente de responsabilidad, pero nuevamente el Sentenciador denegó dicha petición y entre otras cosas en esta decisión establecieron que debían respetar los principios de Legalidad y el debido proceso y que no pueden salirse de los plazos que contempla el código procesal penal lo subrayado es mío, pero se olvidó que dentro de las garantías que existen en los proceso penal está la del Derecho a la Defensa, pero esta garantía constitucional no se respetó. A pesar de dichas resoluciones en ningún momento se renunció a este medio de prueba por considerarlo imprescindible, en relación a este se ordenó la exclusión del mismo. Pero en la lucha por ejercer una defensa efectiva para que de alguna fama se acreditaran les problemas mentales del imputado y como auto para mejor proveer fundamentado en el artículo 333 de la normativa procesal esta defensa intento ingresar prueba en relación a que fue evaluado por el área de psiquiatría del Hospital Mario Mendoza con los siguientes documentos: 1.- nota enviada por el director del centro penal de Marcala a los jueces de los juzgados de marcala donde informaban que el imputado el 5 de julio del año 2018 fue evaluado por el área de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza así como una nota dirigida al abogado E.B. por el Director del centro penal de Marcala donde envía copia de una evaluación psiquiátrica mencionada, las cuales constaban en el expediente administrativo del centro penal antes mencionado. Nuevamente el tribunal rechaza la solicitud de la defensa, si bien es cierto las constancias son de fecha anteriores reunían los requisitos de admisibilidad en el sentido que no se iba a suspender el proceso. Debido a que el Tribunal de Sentencia sabía que la defensa deseaba acreditar el estado mental por medio de psiquiatría en aras de hacer ver que se tenía respeto a los derechos del imputado establecieron en esta una resolución: De haber existido una fecha antes del dictamen el tribunal lo hubiera sido accesible para esperar que le practicaran pero en este caso han manifestado que la cita que le ha dado el psiquiatría en fecha 19 de septiembre lo que imposibilita al tribunal dado que se sale dentro de los plazos establecidos por lo tanto consideramos que no es procedente admitir estos medios de prueba propuestos por parte de la defensa" CUARTO: Es por todo lo anteriormente expresado que considero que no ha existido respeto al debido proceso entendiéndose como tal como un principio general del derecho que establece que el estado está en la obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley le reconoce a un individuo, garantizando que cada una de las personas disponga de determinadas garantías mínimas para que el resultado del proceso Judicial sea equitativo y pasto, en el caso que nos ocupa, se transgredió el derecho a la Defensa por la falta de evacuación de medios de prueba que considerara indispensables para fundamentar su estrategia de defensa la cual fue truncada por las resoluciones dietadas por el Tribunal de Sentencia. Es por ello que queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, as lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos respetar nuestra ley fundamental y defenderla de quienes quieran transgrediría, es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso y el respeto de la presunción de Inocencia que toda persona tiene, por lo cual el presente recurso debe ser resuelto a favor de mi representado el señor P.R.A.M..R. HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Sendo que el Tribunal de Sentencia Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, no permitió se realizara un juicio justo para el encartado at no evacuare todos los medios de prueba a su favor, decidiendo condenar a mi representado por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de H.A.G.S., resolución con la cual no está de acuerdo la defensa por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • N.A.: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma Constitucional que se denuncia Infringida: 82 en relación al 1 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 14 del Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción: Derecho a Defensa y Debido Proceso. • Reclamación Ex Ante: En la audiencia de juicio oral y público. • Pretensión: Que se declare con lugar el Recurso de Casación. Explicó el recurrente que, durante el juicio oral y público el Tribunal de sentencia omitió valorar la prueba presentada por la defensa consistente en dictamen pericial emitido por psicólogo de manera conjunta con dictamen psiquiátrico, sigue manifestando el impetrante que este último no fue practicado por psiquiatría forense, pues la fecha señalada para dicha evaluación era para después de la fecha de debate, sigue manifestando que al solicitar al Tribunal de sentencia de Comayagua la suspensión del debate para la practicara de la pericia, esta le fue denegada por el A-quo, resolviendo que no se daba dicha suspensión porque implicaba una nueva suspensión del juicio y que ya se encontraban en el quinceavo 15vo día, manifiesta que el A-quo indico que la audiencia de proposición de prueba se realizo en el año dos mil dieciocho que a estas alturas no le compete los problemas de la defensa, porque tuvo el suficiente tiempo para realizar las diligencias necesarias para que se practicara dicha evaluación. Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010). Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, en relación al Derecho de defensa la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (V.P.G.G.. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo.- En principio, al analizar el motivo planteado la Sala de lo Penal, discierne que la mayoría de los argumentos son propios de la primera instancia, el reclamo del censor se centra en la denegatoria del Tribunal de sentencia de no suspender el juicio oral y publico para dar mas tiempo a la defensa, y así practicar de una evaluación psiquiátrica, anunciada como medio de prueba a favor de la defensa con la pretensión probatoria de establecer el grado mental del acusado, en ese sentido es preciso revisar la etapa de preparación del debate, específicamente la audiencia de proposición de medios de prueba de fecha 22 de Junio de 2018 (f. 17); En esta audiencia se puede apreciar cuales fueron los medios que fueron ofertados por las partes así como su pretensión probatoria, y cuales fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia, advirtiendo que entre el acervo fue propuesto por parte de la defensa privada una prueba pericial psiquiátrica con el objetivo probatorio de establecer el grado mental del imputado el cual fue admitido y ordenado el libramiento del oficio del caso. Señalando fecha para celebración de juicio oral y público el día martes 28 de mayo del 2019. Sin embargo, no se encuentra ninguna gestión realizada por parte de la Defensa proponente de la pericia psiquiátrica para su debida realización. El día y hora señalado comenzó la celebración del D., sin que la defensa hiciera mención en la etapa incidental de que su representado no había sido evaluado por perito psiquiátrico, señalando hasta el momento de la evacuación del medio de prueba en referencia que faltaba su realización, que en tal virtud solicitaba el truncamiento del debate, petición que fue declarada sin lugar; interponiendo recurso de reposición también declarado sin lugar, considerando el A-quo en su resolución: que mantiene la resolución emitida por las siguientes razones: el código procesal penal establece los plazos y en estos se configuran dos principios fundamentales como es el principio de legalidad y debido proceso es decir que el tribunal de sentencia no puede salirse de estos plazos que contempla el código procesal penal, y hoy el juicio oral y público está en el último día, es decir que está en el décimo quinto día, por lo tanto el recurso de reposición de declaro sin lugar, en vista que no es posible el truncamiento de un juicio oral y publico porque este fue señalado para el día de hoy a las dos de la tarde y fue reanudado y evacuado prueba por lo tanto no se encuentra contemplado en lo que establece el artículo 313 del código procesal penal y mantiene su resolución. Guardando en dicha resolución el Debido Proceso. Del análisis de lo planteado por el censor, esta Sala encuentra que la carga probatoria puede entenderse como la regla de juicio, que señala a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento para dar por acreditadas sus posiciones sean demostrados en el proceso, por lo anterior en el caso que nos ocupa era responsabilidad de la defensa procurar que dicha evaluación psiquiátrica fuera practicada si su finalidad probatoria era establecer el grado mental del acusado como estrategia de defensa. En tal sentido el articulo 101 numeral 11, le confiere a la Defensa de los imputados requerir al Ministerio Publico para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa…el Defensor de la persona podrá solicitar al juez de Letras competente que ordene su ejecución. Lo que no ocurrió en de autos. Articulo 294 párrafo tercero: La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore. En relación establece el artículo 238 numeral 1 del Código Procesal Civil; corresponde al actor y al demandado desconveniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. No encuentra esta Sala que se haya violentado por parte del Tribunal de Sentencia el derecho a Defensa del indiciado, cuando es evidente la falta de diligencia por parte del obligado a traer a juicio aquellos medios de prueba, que le han sido admitidos, a fin de aportar elementos de valor al proceso, en cuanto a la pretensión probatoria tal como lo manifestó en audiencia de proposición de prueba era demostrar un grado mental, y este aspecto quedo de manifiesto en la pericia psicológica bajo el numero de dictamen 20190649, el cual concluye. Coeficiente intelectual: el evaluado obtuvo un puntaje total de 27 que según su edad lo ubica en el percentil 31 ubicándolo en el coeficiente intelectual de 93, 693 clasificándolo dentro del rango normal. Organicidad: ubicándolo el resultado de la prueba aplicada el evaluado presento un puntaje total de 46, para lo cual la inferencia que el Tribunal de sentencia le otorgo este dictamen psicológico es el siguiente: Si bien el dictamen psicológico practicado al imputado de autos concluye rasgos de personalidad emocional de la personalidad impulsivo…no es menos cierto que también menciona el dictamen que el imputado refleja capacidad intelectual normal y no tiene retraso mental, y ante el contrainterrogatorio de parte del psicólogo manifestó el evaluado comprendió las consignas de las pruebas y es capaz de comprender las instrucciones que se le piden, es decir que es capas de comprender lo licito de lo ilícito. Dicho lo anterior en la sentencia sujeto a censor, con la evacuación y valoración del dictamen psicológico, queda acreditada la pretensión que buscaba obtenerse en el dictamen psiquiátrico, de dejar establecido un grado mental, el cual es normal. Como consecuencia de lo anterior, es improcedente el alegato del Censor, pues con éste se formula reproche al Tribunal de Sentencia, que por no haber suspendido el juicio no se pudo evacuar el medio de prueba dictamen pericial psiquiátrico, por ende no forma parte de la carga probatoria; Es importante recordar que el Artículo 333 del Código Procesal Penal es terminante al indicar que durante el debate solo se podrán evacuar los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos y, por su parte el artículo 338 del mismo cuerpo legal dispone que solo se valoraran los medios de prueba que hayan sido evacuados en el debate, de modo que le es prohibido a los Tribunales de Sentencia tomar en consideración prueba que no haya sido oportunamente propuesta y debidamente evacuada en la etapa de juicio; De hecho, en el caso de que lo hicieren, ello constituiría en un vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del cuerpo legal citado que invalida la sentencia. Por todo lo anterior esta Sala de lo Penal llega al convencimiento que no se ha violentado el Derecho de Defensa, y que el Tribunal de Sentencia de Comayagua actuó dentro del marco del Debido Proceso, en el caso que se ha incoado en contra de P.R.M.A., por lo cual se desestime el presente recurso de casación. Decisión: Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; N. constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez/a deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, C.: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In M.P., es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; E. no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la N.M.F. en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): • Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; • Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y • Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.P. en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor P.R.A.M., como autor responsable de un delito consumado de Homicidio simple en perjuicio de H.A.G.S., imponiéndole como penas principal: quince (15) años de reclusión, más las pena accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, conforme el Código Penal decreto 144-83, (Art. 117). En el caso del señor P.R.A.M., conforme los hechos probados esta conducta que castiga el NCP 130-2017 con la pena de 15 a 20 años de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado P.R.A.M. conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del 130-2017 que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión (Art. 192 NCP), Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada E.R.E.M., en su condición de Defensora Pública del señor P.R.A.M. a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de H.A.G.C.. Segundo: Declara F. y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. - Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado P.R.A.M.. Tercero Y manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. R.e.M.D.F.. N.. Firmas y Sello. W.R.M.S.. Magistrado Coordinador. N.D.M.F.. Magistrado. M.R.D.F.. Magistrado. Firma y Sello. R.K.S..N..R.A.S. de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-117-2020

W.A.M.P.

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR