Amparo nº 503-643-654-90 de Corte Suprema de Justicia, 13 de Marzo de 1991

Ponente:NO SE ENCUENTRA
Fecha de Resolución:13 de Marzo de 1991
Emisor:Corte Suprema de Justicia
Legislación aplicada:ARTICULO: 13 DEL ARANCEL JUDICIAL, NOTARIAL Y ADMINISTRATIVO
RESUMEN

Que de los antecedentes traídos a la vista aparece que el contrato de trabajo que vinculaa a la Abogada, LINDA LIZZIE RIVERA L., con el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), concluyó por desición unilateral del Patrono habiéndo por eso ordenado el pago de las respectivas prestaciones y cuyo cobro estableció la presunción juris tantun que las partes, a ese momento, dejaron solventados todos los derechos, y las obligaciones laborales que, recíprocamente, pudieron haberse exigido al amparo de la Ley y en virtud de la relación contractual. Que la recurrente Abogada LINDA LIZZIE RIVERA L. no tuvo frente al PANI, en stricu sensu, el cargo de consultor, pués su condición de empleado permanente y su obligación de trabajar jornada completa diurna como Asesor Legal resultaba incompatible con el libre ejercicio de la Profesión de Abogado, única forma en que es factible la contratación de servicios de consultoría en los términos del artículo 13 del Arancel Judicial, Notaral y Administrativo. Que de conformidad con las normas del manual de Puestos de Dirección y Administración del PANI, el Asesor Legal tiene entre sus obligaciones la de ASUMIR la representación del Director Ejecutivo para actuar jurídicamente ante cualquier órgano, realizando actos de procuración." Que el trabajo realizado por la Abogada RIVERA L., llevando la representación del PANI en el juicio laboral que promovió el trabajdor VICTOR ALVARADO BOLAINES para el reintegro a su trabajo de vigilante de la Sección de Servicios Generales de la Sección Administrativa, estaba comprendido en las tareas que devenía obligada a realizar como empleada subordinada, por lo cual percibía una remuneración fija mensual. Que por las anteriores razones es visto que la resolución recurrida no viola las garantías constitucionales invocadas, por lo que cabe DENEGAR la demanda de amparo.

 
CONTENIDO

TE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., Trece de marzo de mil novecientos noventa y uno.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de A. interpuesto ante esta Tribunal el día veintinueve de mayo de mil novecientos noventa por la Abogada L.L.R.L., mayor de edad, soltera, y de este domicilio a favor de si misma contra la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de mil novecientos noventa dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento de F.M. en fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa mediante la cual revoca la sentencia apelada Proferida por el Juzgado de Primera Instancia en la demanda laboral para el reintegro al trabajo de virtud de despido, emplazamiento judicial para que el patrono pruebe justa causa que funda el despido; daños y perjuicios promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este mismo departamento promovida por el señor V.A.B., mayor de edad, soltero, empleado y de este vecindario contra el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA “PANI” a través de su R.L., señor J.R.G., mayor de edad, casado, Licenciado, hondureño y de este domicilio.- Estima la recurrente que se ha violado la garantía contenida en el artículo 70 de la Constitución de la República.- RESULTA: Que por proveído de diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la Corte Suprema de Justicia admitió el Recurso de A. presentado, ordenando librar comunicación con las inserciones necesarias a la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento para que dentro del término de veinticuatro (24) horas remitiera a este Tribunal los antecedentes del caso o en su defecto el informe respectivo; asimismo se ordeno librar comunicación con las inserciones necesarias al Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de F.M. para que a la mayor brevedad posible remitiera el expediente que obra en su poder; siendo debidamente cumplimentadas las dichas comunicaciones con el envió de las diligencias de mérito.- RESULTA: Que por proveído de veinticinco de julio de mil novecientos noventa se dio vista de los autos al recurrente por el término de cuarenta y ocho horas para que formalizara su petición por escrito, haciéndolo de la siguiente manera: En los considerandos de la sentencia de 16 de mayo de este año, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en contra de la cual he recurrido en amparo, ese Tribunal pretende para fundamentarla, establecer una diferencia, que no tiene base legal ni doctrinaria, entre Asesor y Consultor legal según esa Corte, si se es asesor no se tiene derecho a que se le paguen honorarios por actos de procuración, en cambio, haciendo una interpretación errónea del artículo 13 del A. Judicial,-Notarial y Administrativo, un consultor si tiene derecho.- 01 vida ese Tribunal que el referido A. regula la forma en que deben pagarse los honorarios de los profesionales del Derecho y según su contenido general, una cosa es pago por consultaría o asesoria legal (Conceptos entre los cuales no hay diferencia de fondo), otra por procuración y una ultima por escrituración.- Cuando un manual de personal o de lo que sea, determina que el asesor legal de una entidad tiene la representatividad del titular de la misma, de ninguna manera se esta refiriendo a que por ello los actos de procuración que efectúen NO VAN A SER REMUNERADOS, ya que en la forma en que las labores de asesoria o consultorio (entendiéndose por lo mismo), de procuración y de carácter notarial realizados por un profesional del Derecho, solo el arancel respectivo puede determinar como se le paguen, simplemente porque este cuerpo legal es especialísimo en lo que se refiere a la forma de renumerar los servicios de un Abogado y no puede en consecuencia aplicársele otro, menos cuando se refiere a funciones o atribuciones y no a su remuneración. Solo en la mente mal intencionada de dos de los tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo cabe buscar subterfugios para impedir que un Abogado sea remunerado legalmente, lo que significa una clara violación al principio laboral de todo trabajo debe ser remunerado y ningún servicio personal exigible ni deberá prestarse gratuitamente sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. (Artículo 70 párrafo tercero Constitucional).- Observad Honorable Corte Suprema de Justicia que el artículo 13 del arancel relacionado, no hace ninguna diferenciación entre asesor y consultor (y “donde la ley no distingue no debe distinguirse) y establece que los contratos de consultaría a base de estipulaciones fijas (lo que quiere decir, que aun, cuando se pagara un sueldo fijo, continuo, constante, como en mi caso) no se incluirán los honorarios por juicios…….LOS CUALES SE COBRARAN CONFORME ESTE ARANCEL. Cuando hay claridad en su interpretación “no podrá atribuirse a la ley, otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”.- La sentencia de la Corte, contra la cual se pide A. se funda en dos grandes falacias para negar mi derecho al pago de honorarios profesionales, a saber: Una, que hay diferencia, no se de que clase y de donde saco esa afirmación el Tribunal entre los conceptos de asesoria y consultaría legal; pretendiéndole atribuir al primero el carácter de permanente en una relación laboral y al segundo lo vinculan con el ejercicio libre de la profesión del derecho, extremo producto de la fantasía de mas de un Magistrados de dicha Corte de Apelaciones; y la segunda falacia, contraria al principio general del derecho que establece: que en su aplicación la ley especial priva sobre el general.- según la Corte de Apelaciones un pinché manual de personal que establece únicamente que funciones son atribuibles a un Asesor Legal y que no tienen fuerza de ley, es el que va a determinar la forma en que se debe remunerar a un abogado y no el arancel creado legalmente con ese fin, cuyo carácter de ley especial es irrefutable. De lo expuesto resulta, que una cosa es que el manual del PANI atribuya esta o aquella función a su Asesor Legal y otra que ese mismo manual señale la forma en que debe ser remunerado el Abogado que desempeña ese cargo; repito, el único cuerpo legal que regula este último extremo es el A. relacionado, no tener por cierto lo anterior significa el deterioro del principio general del derecho, que arriba se enuncio.- por otra parte, el no atenerse para el pago de honorarios por juicios, a lo señalado en el artículo 13 del mencionado arancel y estimarlos pagados al incluirlos en pago por otros conceptos (caso del sueldo fijo) significa en realidad no pagarlos, extremo que infringe el principio de derecho laboral que expresa que todo trabajo debe ser remunerado y además la garantía constitucional consagrada en el párrafo tercero del artículo 70 de nuestra carta magna.- RESULTA: Que por auto de seis de agosto de mil novecientos noventa, se dio vista de las presentes diligencias F. del Tribunal para que emitiera el dictamen correspondiente, haciéndolo de la siguiente forma: LA FISCALIA DICTAMINA: Como punto previo considera la F.ia que es toral conocer el significado en lenguaje jurídico del termino Asesor legal o Asesor Jurídico; el diccionario básico jurídico de comares, lo define como “El órgano consultivo existente en los Ministerios y en los principales organismos de la administración, dirigidos por Abogados del Estado y cuya misiones Asesorar en derecho en forma verbal o por escrito.- Esta definición nos deja claro que el servicio de “Asesor Legal” no comprende los servicios de Procuración o sea la de representar en juicio a la Institución que ha contratado a alguien como Asesor Legal ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo, lo importante para el caso de autos, es que la actividad profesional del Abogado de ejercicio la procuración no queda comprendida en los servicios de Asesoria.- Conocido lo anterior me permito exponer lo siguiente: 1º) El A. Judicial, Notarial y Administrativo, establece que sus disposiciones son de orden Público (art. 84) 2º) para el Estado de Honduras, las leyes que interesen al orden Público no pueden eludirse ni modificarse por conveniencia de particulares (ver art. 11 del Código Civil) Esta declaración del legislador convierte a las leyes de orden Público”, en imperativas, no solo para los gobernados sino que también para los encargados de aplicarla. En esa condición se encuentran los funcionarios del Poder, Judicial, quienes de acuerdo con nuestra carta magna (articulo 314) ostentan la facultad privativa de juzgar y ejecutar lo juzgado, aplicando bien las leyes al caso concreto. 3.- Para Honduras que es estado de derecho, sus servidores no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley.- Ellos son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- En pocas palabras, para Honduras el Poder es un agente de la norma y no la norma un instrumento del Poder.- Esto es lo que los Constitucionalistas llaman “Estado Nomocrático”.- 4.- Para el A. Judicial, Notarial y Administrativo cuyas normas son de orden Público, en su artículo 13 se establece que” en los contratos de consultaría, a base de estipulaciones fijas, no se incluirán los honorarios por juicios, asuntos no contenciosos y cuestiones administrativas, las cuales se cobraran conforme al presente A.”.- En autos lo que consta es que la recurrente lo que ha realizado es nada mas poner en acción su derecho, recurriendo a las autoridades jurisdiccionales para que le apliquen la ley en el caso concreto con equidad, característica esta, que no es mas que la peculiaridad de la ley de hacer justa una resolución judicial.- Del análisis de los autos, se colige que el Derecho pleno es de la recurrente, que el Ad-quem en su fallo no respeto un cuerpo de leyes que es de orden Público, que en la forma que es proferido no puede causar obligatoriedad ni es aplicable porque contraviene y disminuye el derecho reconocido en el artículo 70 Constitucional.- por todo lo anterior, DEBE OTORGARSE EL RECURSO INTERPUESTO.- RESULTA: Que de los antecedentes aparece: Primero: Que en dos de octubre de mil novecientos ochenta y siete, compareció ante el Juzgado de letras Primero del Trabajo de esta Sección judicial el señor V.A.B. de generales antes dichas, demandando al PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA “PANI” a través de su R.L., señor J.R.G. también de generales ya dichas para que en sentencia definitiva se condene a la institución demandada a reintegrar a su trabajo de vigilante al señor V.A.B..- Segundo: Que en veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho compareció ante el Juzgado de letras primero del Trabajo de esta sección judicial, la Abogada L.L.R. DE TORO, de generales relacionadas, en su carácter de Apoderada legal del patronato Nacional de la Infancia “Pani”, contestando la demanda que oportunamente le promovieran a su representada el señor V.A.B..- Tercero: Que en veintiséis de febrero de mil novecientos noventa, el Juzgado de primera instancia conocedor de las presentes diligencias dicto sentencia mediante la cual fallo: 1º D. sin lugar la demanda laboral incoada ante este Juzgado por el señor V.A.B. de generales expresadas contra el Patronato Nacional de la Infancia “Pani” por medio de su Director Ejecutivo señor J.R.G. también de generales expresadas. 2º) Absolver en el presente juicio de toda responsabilidad al patronato Nacional de la Infancia, “Pani”.- Cuarto: Que en ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve compareció ante el Juzgado de letras primero del trabajo de este departamento, la Abogada L.L.R.L., de generales relacionadas anteriormente, presentando escrito de solicitud para obtener el pago de honorarios profesionales por dirección en la representación en el juicio laboral que al Patronato Nacional de la Infancia “Pani” le promoviera el señor V.A.B. y el Juzgado instructor tuvo por presentado dicho escrito por auto de once de diciembre del mismo año; asimismo ordeno citar al Director Ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia para que dentro del termino de tres (3) días hiciera uso de los derechos que le correspondan.- Quinto: Que en veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve compareció ante el Juzgado de letras Primero del Trabajo de este departamento, el Abogado G.O.V. contestando la solicitud que para obtener el pago de honorarios profesionales presentara la Abogada L.L.R.L., y el Juzgado en proveído del veintisiete de diciembre del mismo año tuvo por contestada dicha solicitud y ordeno dar traslado de la misma a la parte incidentista para que dentro del termino de tres (3) días hiciera uso de sus derechos. Sexto: Que en tres de enero de mil novecientos noventa compareció ante el Juzgado conocedor de las presentes diligencias, la Abogada L.L.R.L., actuando en nombre propio en las diligencias para obtener que el Patronato Nacional de la Infancia “Pani” le pague los honorarios profesionales devolviendo el traslado y contestando la cuestión incidental y el Juzgado por auto de cuatro de enero de mil Novecientos noventa tuvo por devuelto el traslado y no habiendo pruebas que evacuar cito a los apoderados de las partes oír sentencia. Séptimo: Que en veintiséis de febrero de mil novecientos noventa, el Juzgado de Letras primero del Trabajo de F.M. dicto sentencia para decidir la impugnación de Honorarios profesionales formuladas por el Abogado G.O.V. en su condición de Apoderado legal del patronato Nacional de la Infancia “Pani” contra la solicitud de pago de honorarios profesionales formulada por la Abogada L.L.R.L., mediante la cual falla: 1º) D. sin lugar la impugnación de Honorarios Profesionales presentada por el Abogado G.O.V. en su condición de Apoderado legal del patronato Nacional de la Infancia. 2º) Hacer la alteración justa a la liquidación de honorarios profesionales presentada por la Abogada L.L.R. la cantidad de Quinientos ochenta y cuatro lempiras con doce centavos (L. 584.12) en concepto de honorarios profesionales a que tiene derecho por haber representado a dicha institución en la demanda laboral promovida por el señor V.A.B.. Octavo: Que en seis de marzo de mil novecientos noventa, compareció ante el Juzgado de Letras primero del Trabajo de esta sección judicial el Abogado G.O.V. interponiendo el Recurso de Reposición y subsidiariamente el de Apelación contra la sentencia incidental de Honorarios Profesionales dictada por ese Juzgado en 26 de febrero de 1990 y el Juzgado por auto de siete de febrero del mismo año decreto sin lugar la reposición y concedió la apelación en el efecto devolutivo.- Noveno: Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en dieciséis de mayo de mil novecientos noventa dicto sentencia mediante la cual revoca la sentencia Interlocutoria proferida por el juzgado primero de letras del trabajo de este departamento de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa, este Tribunal de Alzada declara CON LUGAR la impugnación de honorarios profesionales formulada por el Abogado G.O.V. en su carácter de Apoderado legal del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA “PANI” y en consecuencia absuelve a la institución demandada de toda responsabilidad económica laboral. Décimo: Que el día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial, actuando en causa propia, en la petición de pago de honorarios profesionales, interponiendo Recurso de Reposición contra la sentencia dictada por Esa Corte de Apelaciones en dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y, la Corte en auto de veintidós de mayo del mismo año declaro sin lugar la reposición solicitada. CONSIDERANDO : Que de los antecedentes traídos a la vista aparece que el contrato de trabajo que vinculaba a la Abogada, L.L.R.L., con el PATRONATO DE LA INFACIA (PANI), concluyo por decisión unilateral del patronato habiendo por eso ordenado el pago de las respectivas presentaciones y cuyo cobro estableció la presunción juris tantún que las partes, a ese momento, dejaron solventados todos los derechos, y las obligaciones laborales que, recíprocamente, pudieron ha berse exigido al amparo de la Ley y en virtud de la relación contractual. CONSIDERNADO: Que la recurrente Abogada, L.L.R.L. no tuvo frente al PANI, en strictu sensu, el cargo de consultor, pues su condición de empleado permanente y su obligación de trabajo jornada completa diurna como Asesor Legal resultaba incompatible con el libre ejercicio de la Profesión de Abogado, única forma en que es factible la contratación de servicios de consultaría en los términos del artículo 13 del A. Judicial, Notarial y Administrativo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con las normas del manual de puestos de Dirección y administrativo del PANI, el Asesor legal tiene entre sus obligaciones la de ASUMIR la responsabilidad del Director Ejecutivo para actuar jurídicamente ante cualquier órgano, realizado actos de procuración.” CONSIDERANDO: Que el trabajo realizado por la Abogada RIVERA L., llevando la representación del PANI en el juicio laboral que promovió el trabajador V.A.B. para el reintegro a su trabajo de vigilancia de la Sección de Servicios Generales de la Sección Administrativa, estaba comprendido en las tareas que devenía obligada a realizar como empleada subordinada, por lo cual percibía una remuneración fija mensual. CONSIDERANDO: Que por las anteriores razones es visto que la resolucion recurrida no viola las garantías constitucionales invocadas, por lo que cabe DENEGAR la demanda de amparo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos por disentir los Magistrados Espinal Irías, A.D. y V.M., oído el parecer del F. y haciendo aplicación de los artículos 303, 319 atribución 8ª. de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 15 letra b) del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia; 4, 5 número 3 y 29 de la Ley de A.. FALLA: DENIEGA el recurso de amparo de que se ha hecho mérito y MANDA: Devolver los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo. NOTIFIQUESE