Casacion nº CP-98-09 de Supreme Court (Honduras), 13 de Abril de 2011

PonenteRAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
Fecha de Resolución13 de Abril de 2011
EmisorSupreme Court (Honduras)

CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice:”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de abril de dos mil once, por medio de la Sala de lo Penal, integrada por los señores M.C. D.C. V. como COORDINADOR, R. A. H.I. y J.A.C.H., dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, contra la sentencia de fecha ocho de agosto de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de F.M., que absolvió de toda responsabilidad penal al señor J.B.F.B. por el delito de VIOLENCIA INTRA FAMILIAR, en perjuicio de la señora E.Y.H., condenó al Ministerio Público en Costas Procesales y Gastos ocasionados por el Juicio. Interpuso el Recurso de Casación la Abogada K.L.M.P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- Son Partes: El Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO, representante del Ministerio Público, como recurrente.-CONSIDERANDO.-I.- Que el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada K.L.M.P., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.-“HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Los señores E.Y.H. y J.B.F.B., han tenido una relación marital desde hace aproximadamente once años. El día uno de octubre de dos mil siete, ambos señores se conducían en un bus desde Tegucigalpa hacia Talanga, momento en el cual se suscito una discusión entre estos, siendo posteriormente acusado el señor F.B. por el delito de Violencia Intrafamiliar.”III.- La Abogada K.L.M.P., desarrollo su recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN UNICO MOTIVO: Infracción por violación del artículo 321 de la Constitución de la República, en relación 1 con el 56 del Código Penal; los artículos 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley del Ministerio Público; 25 y 92 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.-Los preceptos constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 321 Constitucional establece: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. De igual manera se invoca como infringido, en relación el artículo 56 del Código Penal, el cual si bien es cierto fue aplicado por el sentenciador al emitir su fallo, lo hizo de manera indebida, por lo que se considera importante citarlo, aún y cuando el alegato fundamental del presente recurso es la infracción de precepto constitucional suprareferido, por ello se transcribe a continuación: Articulo 56 del Código Penal: “En los casos en que PROCEDIERE imponer el pago de costas, se comprenderán tanto las procesales como las personales, y además los gastos ocasionados por el juicio y que no se incluyan en las costas los cuales se tasarán en la misma forma que aquéllas”. En el presente caso la norma constitucional citada, se ve vulnerada al haber condenado el juzgador al Ministerio Público al pago de costas, puesto que el mismo no podía imponer tal sanción, por el sólo hecho de dictar una sentencia absolutoria a favor del imputado, ya que tal circunstancia no siempre está vinculada a la condena de costas que establece la normativa penal y procesal; mucho menos en este juicio, donde contra quien se establece esta sanción, es el ente acusador que realiza el ejercicio de la acción penal no en su propio nombre, sino en representación y defensa de los intereses de la sociedad, amparando su actividad en los principios contenidos en la Ley del Ministerio Público que rigen la labor fiscal, como son los artículos 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley del Ministerio Público y 25 y 92 del Código Procesal Penal, normas que han sido citadas en relación. Por otra parte resulta importante señalar, que si bien es cierto el artículo 56 del CP, facultan al Tribunal sentenciador a imponer el pago de costas cuando fuere necesaria, tal atribución se ve limitada cuando se trata de acciones promovidas por el Ministerio Público, ya que como se ha 2 suprareferido, actúa como representante de la sociedad y no en su condición de litigante privado, en consecuencia al haber sancionado al ente acusador con el pago de costas procésales, el juzgador se esta excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, por desconocer el carácter con que actúan los agentes de Tribunales en el proceso, pues sería diferente en el caso de los acusadores privados, donde el sentenciador puede condenarlos al pago de costas al obtener un sobreseimiento o sentencia absolutoria, amparado en acusaciones caprichosas e infundadas, por el contrario el Ministerio Público jamás podría ser condenado ya que se constituye como parte de buena fe.-Se torna importante además, tomar en consideración lo preceptuado en el artículo 303 Constitucional que señala, que la justicia se imparte de manera gratuita por los Tribunales, por tal razón y apegados a dicha norma constitucional, exoneran a los condenados al pago de costas. Este artículo nos lleva a preguntarnos, si la justicia es gratuita en materia penal, para el que resulta condenado por la comisión de un delito, porque no habría de serlo para el Ministerio Público, que al ejercer la acción penal pública no hace más que cumplir con la obligación que le impone la ley, fundamentando sus peticiones en la prueba obtenida mediante las investigaciones. Tal extremo evidencia una vez más que el órgano jurisdiccional actuó fuera del marco de la ley al condenar en costas al ente acusador. De conformidad al factum de la sentencia impugnada que condujo precisamente a que éste Tribunal absolviese al enjuiciado J. B. F. B. por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de E.Y.H., se evidencia claramente que en la parte Resolutiva del fallo recurrido se han violado los artículos citados como infringidos por falta de aplicación, en virtud de haber condenado en costas al Ministerio Público, a pesar de que éste actúa como parte de buena fe y no en representación propia, sino en función de proteger los intereses de la sociedad. Siendo que el Tribunal dictó sentencia absolutoria y con la cual estamos de acuerdo, consideramos que el punto de discusión y que genera la interposición del presente recurso, es solamente la condena en costas materializada en la parte resolutiva de la sentencia, por lo siguiente: El día 01 de octubre del dos mil siete, la señora E.Y.H., se encontraba a bordo de una unidad de transporte 3 que viaja a Talanga, cuando llegó su esposo J.B.F. B., con quien ya no mantiene una relación marital, quien en estado de ebriedad y al verla, la trato con palabras soeces, gritándole que era una prostituta, además la amenazó diciéndole que la iba a matar, situación que no es primera vez que sucedía; razón por la cual la ofendida decidió interponer denuncia por violencia intrafamiliar, la cual dio génesis al presente proceso. Estos hechos fueron verificados en la etapa preparatoria del proceso, mediante la declaración de la propia ofendida y del testigo P.N.F. (Policía Preventivo) y además con la constancia de antecedentes policiales emitida por la Dirección General de investigación Criminal de fecha 02 de octubre del 2007, en la cual consta que el S.J.B.F.B., ha sido denunciado en tres (3) oportunidades anteriores a la presente que se investiga, siendo la denunciante la misma señora E.Y.H., por el delito de Violencia Intrafamiliar. Siendo todos éstos elementos, suficientes indicios para que el Ministerio Público a considerase la existencia del ilícito de Violencia Intrafamiliar, ya que existían razones suficientes para litigar, sin embargo, al final del juicio el Ministerio Público actuando con la objetividad que lo caracteriza, estimó que no concurrían elementos de prueba suficientes para establecer sin lugar a dudas que el imputado era responsable del delito por el cual se inició la acción penal, por lo que decidió al momento de formular las conclusiones solicitar sentencia absolutoria a favor del encausado; ello no porque ésta fuera la pretensión del ente acusador, sino porque la presentación de la prueba al debate, estuvo fuera de su alcance, como explicamos a continuación: En audiencia de proposición de pruebas, se ofertaron como prueba de cargo: La declaración de los testigos E.Y.H. y del Policía P. N. F.; como prueba pericial: Dictamen del Departamento de Psiquiatría Forense del Ministerio, conteniendo la misma la evaluación de la ofendida. A. de incorporarse la constancia de antecedentes policiales del acusado, pues sabemos muy bien que esta en ese momento procesal sería inútil, pues lo útil hubiese sido, que en caso de lograrse una condena, este medio de prueba se incorporase para acreditar la peligrosidad y personalidad del acusado en la audiencia de individualización de la pena, para efectos de establecer una pena concreta. 4 Habiendo sido admitida la prueba de cargo, en el momento del debate no se pudo evacuar tanto la declaración testifical del testigo P. N. F., por no comparecer este a la audiencia, pese de que había sido citado previamente para ese efecto; como tampoco se evacuó el medio de prueba pericial, porque la ofendida, pese a que se le había señalado en diversas oportunidades cita para ser evaluada, en el Departamento de psiquiatría forense, ésta nunca compareció a las mismas, como así nos lo hizo saber dicha dependencia del Ministerio Público y tal como se hace patente con la constancia , que a efectos ilustrativos acompaña a éste escrito.. Es así las cosas H.M., que tal y como lo explicamos, la evacuación de estos medios probatorios no son imputables al Ministerio Público, pues son circunstancias que no dependen de nuestra voluntad. Fue por ello que, con fundamento en lo anterior, nos encontramos que si bien es cierto la absolución es ajustada a derecho, la parte resolutiva donde se condena en costas evidencia un total desconocimiento de los principios que rigen al Ministerio Público como organismo especializado, encargado de la obligación ineludible de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública. Ya que la Ley del Ministerio Público en su artículo 1.1 dispone que uno de los principales fines y objetivos del Ministerio Público es representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley mediante el ejercicio de la acción penal pública. (Artículo 1.2). En ése mismo orden de ideas, el artículo 6 de la misma ley orgánica prescribe que el Ministerio Público tendrá el ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública; normas legales que deben ser leídas e interpretadas en función del principio general contenido en el artículo 15 donde se dispone que el Ministerio Público, en todo caso, se constituirá en el juicio como parte de buena fe; efectivamente, buena fe quiere decir buena intención en el ejercicio o promoción de la acción penal, pero en estos como en cualquier otro proceso penal; lo trascendente a efectos decisorios es que el Tribunal es independiente para decidir la consecuente absolución o condena del enjuiciado, sin dejar de tomar en consideración a la hora de decidir sobre las costas, lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal y lo 5 establecido en todos los preceptos antes indicados citados en relación. Conforme al mencionado artículo 56 del Código Penal, no en todos los casos en que se absuelva procede la condena en costas, sin embargo como se ha venido señalando en la explicación del presente recurso, el juzgador desconoció tal circunstancia, siendo por eso que en el presente caso se presenta la violación del artículo 321 constitucional que comprende el principio de legalidad y que establece un límite a los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, en este caso al órgano jurisdiccional. Asimismo no hay discusión que después de lo debatido en juicio, los cargos de Violencia Intrafamiliar se desvanecieron, pero sí hay evidencia de que el F. tuvo elementos de investigación que lo conducían a promover la acción penal, en ése sentido también es atinente a la discusión sobre condena en costas lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal donde se ratifica que el ejercicio de la acción pública le corresponde al Ministerio Público, y además, confirmando dicho mandato, en el artículo 92 de ése mismo ordenamiento procesal, todo lo anterior respetando, como es lógico, el principio de objetividad en el ejercicio de sus funciones. El sentido de la infracción por falta de aplicación del artículo 321 Constitucional denunciada, se produce cuando el juzgador entiende que necesariamente debe condenarse al Ministerio Público por existir sentencia absolutoria, cuando todo el resto del ordenamiento legal, tanto de orden sustantivo como procesal, nos orientan a que el Ministerio Público actúa como parte de buena fe y de que entre sus fines y principios se encuentra el ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública. Conforme a lo expuesto, si el Tribunal hubiera realizado juicios valorativos en forma concordante con el ordenamiento de referencia, indefectiblemente hubiese llegado a la conclusión de que no era procedente la condena en costas, y así lo habría declarado en la sentencia ahora impugnada, de la manera en que se ha dejado establecido. Por otra parte, el juzgador al resolver en el numeral cuarto de la fundamentación jurídica, la condena en costas al Ministerio Público, acepta que el ente acusador tuvo suficientes razones para incoar la acción penal, por lo tanto está reconociendo la obligación del órgano jurisdiccional de actuar como contralor de legalidad en el proceso, siendo una de sus funciones, establecer en cada una de sus etapas, si concurren suficientes elementos de prueba que permitan 6 mantener un auto de prisión, sobre todo en la etapa intermedia, donde el Juez de Letras, sería quien debería evitar que trascendieran a juicio oral, causas sin fundamento alguno. De manera que en el caso subjudice, tanto el órgano jurisdiccional en todas sus etapas, como el Ministerio Público, consideraron que existía la probanza necesaria para elevar el proceso a juicio, en consecuencia, resulta improcedente pretender condenar en costas al ente acusador, por haber actuado con objetividad al solicitar se dictara una sentencia absolutoria, como si hubiera actuado sin ningún control jurisdiccional. Es importante indicar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal refiere en relación a las costas que: “si se imponen al acusador se adopta un criterio subjetivo; haber obrado con temeridad o mala fe”. De igual manera la jurisprudencia Española viene identificando la temeridad o mala fe con los supuestos en que la pretensión ejercitada carece de toda consistencia y es patente esa ausencia de fundamento (vid. STSS 14 de Junio del 2000; 11 de Marzo de 1998; 15 de Enero de 1997.1 Por tanto, el Ministerio público, deja claro que la infracción denunciada es por falta de aplicación del precepto Constitucional citado, expresando además, que la aplicación pretendida es naturalmente la de que absuelva al Ministerio Público del pago de las costas del presente juicio, tal y como se ha dejado demostrado en el presente recurso.” IV DEL R ECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO.-El impetrante señala como motivo de casación la infracción del artículo 321 de la Constitución de la República, en relación con el 56 del Código Penal; los artículos 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley de Ministerio Público; 25 y 92 del Código Procesal Penal, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal; Esta sala de lo penal analizados los preceptos invocados por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, esta Corte ha establecido que las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guardar relación con el derecho penal y las formas del 1 Derecho Procesal Penal, A. de la Oliva Santos, 6ª. E., Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Pag.. 827 7 juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc…por ello es que J.V.C. enfatiza que “el control judicial se plasma sobre todo en la fiscalización del respeto…a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y muy especialmente al derecho de presunción de inocencia”2. 2) Esta sala penal ha establecido (ex 332-07) que “deviene obligado a clarificar algunos conceptos a efecto de ir sentando pautas de jurisprudencia sobre los temas objeto del recurso de la manera siguiente: por el principio acusatorio, el Ministerio es protagonista principal y responsable de la dirección, control de los actos de investigación y el ejercicio de la acción penal pública ante el órgano judicial, debiendo orientar sus actividades de conformidad a su ley especial, conforme los principios de objetividad, unidad de actuaciones y dependencia jerárquica. Por su parte al órgano jurisdiccional corresponde la función constitucional de Juzgar y ejecutar lo juzgado, debiendo sujetar sus actuaciones a los principios de independencia, y deber de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, en la aplicación de la normas abstractas al caso concreto. En su ámbito de competencia funcional, tanto el fiscal como el juez están limitados por el imperio de la ley.- El Artículo 56 del Código Penal señalado como norma relacionada a la infringida faculta al Juez o tribunal a condenar en costas cuando proceda, sin distinguir, ni excluir a ningún sujeto procesal interviniente, sea este público o privado.– Debemos de recordar que las costas son el efecto que sufre la persona natural o jurídica que pierde un juicio, siendo común su condena salvo que demuestre a criterio del juzgador que litigo con derecho o razón; en el orden procesal penal y en los sistemas en donde el monopolio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público, en la mayoría de los códigos existe una prohibición de condena en costas al 2 V.C.J.. La Casación Penal. El modelo español. Editorial Tecnos. Madrid 2003. P. 150. 8 Ministerio Publico, basada en que este ente esta abstraído de pasiones propias de los ofendidos como ser venganza, motivos particulares y otros tipo de intereses, y que ejercita la acción penal basado en un principio de objetividad, situación prevista y correcta, sin embargo, en Honduras no existe esta prohibición; el problema se presenta cuando el fiscal asignado a determinar si presenta un requerimiento fiscal, lo hace de manera arbitraria y temeraria, no ajustado a derecho, acompañando y evacuando prueba en la fase preparatoria e intermedia, que producen en el juez el grado de probabilidad suficiente para ordenar el debate, en el entendido que el Ministerio Público al presentar el requerimiento no ha evacuado ni descubierto toda su prueba, sino que solamente la necesaria para provocar en el juez la certeza del delito y la probabilidad positiva como se dijo antes de participación del imputado, cuando no es así la actuación del Ministerio Público deja de ser objetiva y se convierte en temeraria y subjetiva, contrario al papel que debe desempeñar el ente persecutor en un Estado de Derecho”- En igual sentido la sentencia del expediente cp 400-07 ha recogido criterios de la sala que, “estima que aunque el Ministerio Público, es una entidad estatal o de derecho público, y que por regla general, actúa a favor de los intereses generales de la sociedad, no esta en manera exento de que en casos muy concretos, pueda ser condenado en costas, en la parte dispositiva de la sentencia en que se absuelve a un acusado. Esta posibilidad procesal de la condena en costas personales y procesales al Ministerio Público a favor de los acusados, solo tendría lugar, cuando se haya puesto de manifiesto, una limitación o grave restricción de derechos fundamentales de un acusado, a instancia de un Fiscal del Ministerio Público, como resultado de una acusación infundada, continuada al margen de la legalidad, o ajena a los principios reguladores de la función del Ministerio Público de: objetividad, dependencia jerárquica y unidad de actuaciones. Tal caso podría hipotéticamente suceder al presentarse una acción penal pública, con prueba espuria, falsa, ilícita, presentada ante el órgano judicial, con el solo fin de perjudicar a un acusado. Se debe de entender que el Ministerio Público, es parte procesal de buena fe, que 9 actúa en términos de igualdad de partes, responsable de la dirección técnica de la investigación, del ejercicio de la acción penal pública y de la presentación de la prueba incriminatoria o de cargo, y de la que resulte a favor del acusado, para el descubrimiento de la verdad, en tanto no es un acusador a ultranza”. En el presente caso, este tribunal de Casación, aprecia que el Fiscal del Ministerio Público, asignado al juicio, no ha actuado de mala fe, presentado requerimiento, formalizado acusación, o instando el juicio, ni encuentra que ha actuado al margen de los deberes propios de su cargo, al solicitar en sus conclusiones que se dictara sentencia condenatoria a favor del imputado. En el presente caso, esta Sala observa que el F. formalizó acusación, al inicio del debate, por considerar la existencia de una “causa probable” contra el imputado y posteriormente pese a que solo evacuó un testigo, en este caso la ofendida, en contraposición con la declaración del imputado, no es menos cierto que en múltiples ocasiones, atendiendo a la naturaleza y características que presenta cada caso, se suelen obtener sentencias condenatorias amparados en la credibilidad que el juzgador de instancia eventualmente da al único testigo de cargo, de manera que la decisión de si basta o no un testigo para obtener un fallo condenatorio o absolutorio, no descansa en el ente acusador sino en el jurisdiccional, de ahí que haber solicitado en las conclusiones finales una sentencia condenatoria, no implica haber actuado al margen de la ley, por parte del Ministerio Público. 3) Si bien es sabido que se puede dar la peculiaridad que un vicio de juicio o de actividad procesal, puede ser atacado bien por infracción de precepto Constitucional o por infracción de ley o de normativa que pudiera dar lugar a casación en la forma, lo cierto es que para acceder por precepto Constitucional, resulta necesario invocar preceptos de derechos fundamentales y a partir de ahí buscar la relación con las normas secundarias que capitalizan dicha infracción, sin embargo el precepto elegido por el impetrante pudiera dar lugar a admitir que los tribunales no tienen facultades expresas para condenar en costas al Ministerio Público, lo que si puede llegar a suceder como lo ha dejado explicado esta sala, en virtud de que el artículo 321 Constitucional regula aquellos casos en que el servidor público actúa sin estar facultado por la ley, no aquellos supuestos en que estando expresamente 10 facultado, actúa bajo apreciación errónea de la norma que lo faculta, no obstante, al relacionar el precepto Constitucional directamente con un precepto de carácter sustantivo que también se acusa como infringido (artículo 56 del Código Penal), esta sala entra a conocer el recurso por virtud del precepto Penal y de la remisión del Constitucional, por tanto, procede el motivo de casación interpuesto.3POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados, 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; 56, 64 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el representante del Ministerio Público en relación al precepto penal, en consecuencia, casa la sentencia. SEGUNDO: Absuelve al Ministerio Público del pago de las costas procesales y gastos ocasionados por el juicio, dejando incólume el resto del pronunciamiento de primera instancia por no haber sido objeto del presente recurso. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO R. A.H.I.. - NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS.-CARLOS D.C.V.-COORDINADOR.-R.A.H.I.-JACOBOA.C.H..- SELLO Y FIRMA.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.” Extendida, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha trece de abril de dos mil once,recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.98-09. L.C.M. SECRETARIA GENERAL 3 En ese mismo sentido sentencia ex 298-08 11

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