Penal nº CP-133-21 de la Corte Suprema de Justicia (Honduras), 06-09-2023

JurisdicciónHonduras
Fecha de sentencia06 Septiembre 2023
Tipo de procesoCasación Penal
EmisorSupreme Court (Honduras)

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-133-2021, que literalmente dice: Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de F.M., a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados W.R.M.S. en su calidad de coordinador, N.D.M.F. y M.R.D.F. pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 133-2021 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de febrero de 2014; dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al acusado J.J.M.G., como autor responsable de un delito de Portación Ilegal de un Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Decretó el comiso del arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la que deberá ser remitida al juzgado competente, para su destrucción. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada K.G.A., actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada K.M.R.G., agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; M.Y.S., defensora pública, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El 31 de diciembre, año 2005 a eso de la una de la mañana en el barrio El Centro de la ciudad de Nacaome, el señor J.M.G., se encontraba frente al negocio Mangle Color, siendo identificado por el dueño mismo, el señor M.E.E., quien haciéndolo pasar al interior de su negocio, le reclamó por una llanta de repuesto que días atrás había sido sustraída de su vehículo. SEGUNDO: El señor J.J.M., mientras era objeto de reclamo, introdujo su mano en la bolsa de su pantalón con ánimo de extraer un objeto que portaba. TERCERO: El señor M.E. le pregunto a J.M. que llevaba en la bolsa del pantalón y como acción preventiva, procedió a registrar la bolsa de J.J., encontrándole un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre .25, tipo chimba. CUARTO: Ante tal situación, el señor M.E. llamó a la policía preventiva la que, al hacer el acto de presencia, procedió a la detención del señor J.M., incautando el arma de fuego de fabricación artesanal que le fue encontrada. QUINTO: El dictamen balístico practicado al arma de fabricación casera, demostró que tiene un buen funcionamiento mecanismo y operativo, siendo capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada K.G.A., actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: "Artículo 332-B: "Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin periuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosinos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". (Lo resaltado es nuestro). En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los hechos siguientes: "PRIMERO: El 31 de diciembre del 2005 a eso de la una de la mañana en el barrio El centro de la Ciudad de Nacaome, el señor J.M.G., se encontraba frente al negocio Mangle Color, siendo identificado por el dueño mismo, el S.M.E.E., quien haciéndolo pasar al interior de su negocio, le reclamó por una llanta de repuesto que días atrás había sido sustraída de su vehículo. SEGUNDO: El señor J.J.M., mientras era objeto de reclamo, introdujo su mano en la bolsa de su pantalón con ánimo de extraer un objeto que portaba. TERCERO: El señor M.E. le preguntó a J.M. que llevaba en la bolsa del pantalón y como acción preventiva, procedió a registrar la bolsa de J.J., encontrándole un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre.25, tipo chimba. CUARTO: Ante tal situación, el señor M. estrada llamó a la policía preventiva la que al hacer el acto de presencia, procedió a la detención del señor J.M., incautando el arma de fuego de fabricación artesanal que le fue encontrada. QUINTO: El dictamen balístico practicado al arma de fabricación casera, demostró que tiene un buen funcionamiento mecanismo y operativo, siendo capaz de disparar proyectiles calibre.25 de carácter comercial." Al examinar el factum se evidencia, que concurre una falta de aplicación del artículo 332- B del Código Penal, ya que se describen en el mismo, todos los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado J.J.M.G. participó a título de Autor en el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL; pues el Juzgador dejó por establecido, que el acusado, fue encontrado en posesión de un arma de fuego, de fabricación artesanal (chimba), en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial. El Artículo 332-B de la Ley Sustantiva Penal, nos remite al artículo 8 de la Ley Sobre Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, con la finalidad única de verificar el listado de las armas que se consideran prohibidas; sin embargo, la sanción aplicable a quien porta un arma prohibida, es la consignada en la norma precitada, que comprende los elementos objetivos y subietivos del delito de Portación Ilegal de Armas de fuego; aunando al hecho, que no puede aplicarse retroactivamente una Ley administrativa, en vista que el artículo 96 de la Constitución de la República dispone: « La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado, debiendo entender que la retroactividad es atinente a la Ley penal. En atención a lo anteriormente expuesto consideramos oportuno relacionar la postura de la Sala Penal con respecto al principio de retroactividad de la Ley: « En el presente caso, no es de aplicación el principio de retroactividad de la ley penal, establecido en el Artículo 96 de la Constitución de la República, cuando dispone: "La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado"; tampoco lo dispuesto en el artículo 221, de la Constitución de la República, el que establece que: "La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. ". Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. - Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución, como el Decreto Legislativo No.63-2014, que prórroga la vigencia del Decreto Legislativo anterior, no surten efecto derogatorio sobre lo dispuesto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal que tipifican y sancionan los delitos de tenencia y portación ilegal de arma de fuego de tipo comercial y de tenencia y portación de arma de fuego de uso prohibido o de guerra, por tratarse de decretos de naturaleza administrativa, orientados a legalizar la posesión y tenencia de arma de armas de fuego de tipo comercial, o para la entrega sin responsabilidad y destrucción de armas de fuego de uso prohibido o armas de guerra, y con ello contribuir al control en la posesión de armas y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Al no ser leyes penales propiamente dichas, sino administrativas, carecen del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen y menos suspenden, ni derogan la vigencia plena de normas penales, en este caso concreto, no interfieren en la El sentenciador estimó que pese a que el acusado fue detenido en posesión de un arma de fabricación casera o artesanal, la cual está diseñada para disparar munición de calibre 0.25, cuyo mecanismo de acción es manual de impacto y en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, consideró que esa conducta no es constitutiva de delito alguno, ya que el comportamiento del imputado se enmarcó en una infracción de carácter administrativo, tal y como lo establece en el apartado de fundamentación jurídica, que literalmente dice: "La conducta de J.M., evidenciada el 31 de diciembre, año 2005, a eso de 1:00 de la madrugada en el barrio El Centro, en la Ciudad de Nacaome, departamento de Valle, de portar un arma de fuego de fabricación casera al momento de ser detenido por la autoridad de policía, es constitutiva de una sanción de carácter administrativo, conforme al Decreto 30-2000, creado por el Poder Ejecutivo para regular el uso, portación, tenencia y legalización de armas comerciales; siendo también aplicable a las personas encontradas en posesión de armas artesanales de uso prohibido, a quienes, además del comiso de la misma, deberán pagar una multa administrativa de uno a cinco salarios mínimos mensuales más alto, vigente en el sitio del decomiso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la referida Ley. En el caso subjudice, la prueba de cargo evacuada durante el debate, lejos de enervar el estado de inocencia del S.J.M., ha permitido establecer, por una parte que el arma de fabricación casera que le fue incautada no corresponde a los elementos objetivos del tipo penal establecidos en los artículos 332-a ni 332-B del Código Penal; y por otra, que de acuerdo al Principio Constitucional establecido en el artículo 96 la ley más favorable a ser aplicada en el caso que nos ocupa, a favor del señor J.M., viene a ser el Decreto 30-2000, de fecha 18 de julio del año 2000, siendo procedente su excarcelación por cuanto la infracción cometida corresponde a una sanción administrativa y no penal." ( numeral primero y octavo del apartado de la Fundamentación Jurídica de la sentencia, página 6 y 8). El Tribunal ha despenalizado la conducta delictiva perpetrada por el acusado, amparado en el Decreto 30-2000 que dio vigencia a la Ley sobre Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, emitido por el Poder Ejecutivo el 18 de julio del año 2000, asumiendo, que la acción enjuiciada es una falta administrativa; decisión que carece de soporte legal, ya que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) es considerada una conducta delictiva, tal y como lo establece el artículo 8.2 del decreto 30-2000 mediante el cual el legislador ha encasillado las comúnmente chimbas como armas, por tanto su tenencia nunca podrá ser considerada legal, ya que para ello es necesario la obtención del correspondiente permiso, la cual por sus características no es susceptible de inscripción en el Registro Balístico de Armas y por ende de obtención de permiso alguno para su portación, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; no obstante lo anterior, pronuncia sentencia absolutoria por considerar que dicha conducta no está contemplada en la Ley Penal. vigencia y aplicación de los artículos 332 A y 332 B del Código Penal". (Lo resaltado es nuestro) En el numeral segundo del apartado de fundamentación jurídica asevera el juzgador: "para considerar la chimba un arma comercial, debería tener una marca registrada, un número de serie, poseer estándares de calidad, además de una morfología que la identifique. tampoco puede estimarse de guerra, por sus características, su mecanismo simple y manual y carece de número y serie para individualizar". Respecto a la supraindicada apreciación del Tribunal, La Sala de lo Penal a través del fallo SP-473-2015 de fecha 28 de julio del 2016. ha emitido el criterio siguiente: " Esta sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332- A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación Postura, que la Sala de lo Penal Hondureña ha establecido a través de varias sentencias pronunciadas, donde se determina, que el portar un arma de fabricación casera (chimba) no es un hecho atípico (fallos 332-2014; 336-2015; 409-2015; 473-2015 y 68-2013 entre otras); jurisprudencia, que debería ser de uso obligatorio por parte de los Juzgadores, sin embargo en la práctica miramos con mucho asombro el no cumplimiento, ni observación de dichas posturas, siendo La Honorable Sala Penal, quien dará respuesta a las inquietudes del Tribunal plasmadas en este fallo. Debemos señalar, que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; en vista que la Ley Administrativa no deroga una Ley Penal. En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal, en la Sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332-B, por Falta de Aplicación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 1. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo.N.A.: 360 del Código Procesal PenalNormas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal decreto legislativo 144-83.Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego. Pretensión: Declarar a lugar. Denuncia la recurrente, que al examinar el factum se evidencia, que concurre una falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, al describir en el mismo, todos los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado J.J.M.G., participó a título de autor en el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial; pues el juzgador dejó por establecido, que el acusado, fue encontrado en posesión de un arma de fuego, de fabricación artesanal (chimba), en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. En el presente caso el arma decomisada al acusado J.J.M.G., es un arma de fabricación casera o artesanal, de buen funcionamiento mecánico y operativo, capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial; la misma la portaba en la bolsa del pantalón. Por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance. Para la posible adecuación de la conducta de portación de una arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales; al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así, es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Con lo establecido en el Decreto Legislativo 101-2018 contentivo de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y M. Relacionados[1], publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,866 de fecha viernes 08 de febrero de 2019; en su artículo 24 numeral 5) determina como arma de uso prohibido por los particulares: Armas de fuego, dispositivos y municiones fabricadas de forma artesanal o casera;”. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En conclusión, esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal decreto legislativo 144-83, no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 24 numeral 5), de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y M.R., y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en el artículo 332- B del Código Penal decreto legislativo 144-83, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. La intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. [2] Por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal decreto legislativo 144-83, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues le fue decomisada al portarla en la bolsa de su pantalón, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre .25, tipo chimba; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332B del Código Penal 144-83. Por todas estas razones, deviene procedente el recurso de casación invocado. Como consecuencia y en base a la norma vigente en el momento de la realización de la conducta, debe condenarse al acusado J.J.M.G., como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego para Uso Personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, correspondiendo para tal conducta una pena abstracta de tres a seis años de reclusión. Al no observase en el factum de la sentencia que el acusado tenga antecedentes personales, sea peligroso o que existan circunstancias agravantes en su contra, lo correcto es imponer al imputado la pena mínima; es decir 03 años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el J. deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, C.: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 1. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 2. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión).

Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. C. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. E. no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas:Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; oSi la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.E.C. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado J.J.M.G., que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley, es correcto señalar que se ha impuesto al señor J.J.M.G., las sanción de 03 años como pena de reclusión, por ser autor de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, más las penas accesorias y consecuencias penales que proceden acorde a ley. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado J.J.M.G., por el delito de Tenencia o porte ilegal de armas (art. 580), se penaliza así: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, más localización permanente por dos años. Acorde al cuadro fáctico, en el barrio El Centro de la ciudad de Nacaome, Valle, frente al negocio Mangle Color, se encontraba el acusado J.J.M.G., quien en la bolsa del pantalón portaba un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre .25, tipo chimba, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo. Por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 02 años, incrementada en un (1/3) tercio al haberla portado el acusado, quedando un margen abstracto de pena de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión, más localización permanente por 02 años. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado J.J.M.G., conforme el CP-144-83 al ser de tres (3) años, resultaría más gravado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión, más localización permanente por 02 años. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada K.G.A., actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Pública. Segundo: Casa la sentencia de fecha diez de febrero de 2014; dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, en consecuencia, se emite el siguiente pronunciamiento: I: Que debemos condenar y condenamos al señor J.J.M.G., como autor de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego para Uso Personal, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de Tres años de Reclusión; a quien se le restará el tiempo en que el ahora condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal que corresponda; II: Se debe condenar y se condena al señor J.J.M.G., como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de reclusión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. III: Que debemos condenar y condenamos al S..J.J.M.G., a cumplir las penas accesorias inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo de la pena impuesta por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal. IV: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo J.J.M.G. civilmente responsable por las consecuencias resultantes del delito; que deberá de ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. V: Por efecto de la no aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a las normas del Código Penal 144-83, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de libertad condicional. VI: El lugar de cumplimiento de la pena de reclusión será el Centro Penal más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. VII: Se decreta el comiso de un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo chimba, color negro, la que deberá ser remitida al juzgado de ejecución competente, para su destrucción. VIII: No procede condenar al reo J.J.M.G., a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado J.J.M.G.. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado D.F.. N.. Firmas y Sello. W.R.M.S.. Magistrado Coordinador. N.D.M.F.. Magistrado. M.R.D.F.. Magistrado. Firma y Sello. R.K.S..N.. R..A...S. de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-133-2021.

W.A.M.P.

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-133-2021, que literalmente dice: Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de F.M., a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados W.R.M.S. en su calidad de coordinador, N.D.M.F. y M.R.D.F. pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 133-2021 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de febrero de 2014; dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al acusado J.J.M.G., como autor responsable de un delito de Portación Ilegal de un Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Decretó el comiso del arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la que deberá ser remitida al juzgado competente, para su destrucción. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada K.G.A., actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada K.M.R.G., agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; M.Y.S., defensora pública, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El 31 de diciembre, año 2005 a eso de la una de la mañana en el barrio El Centro de la ciudad de Nacaome, el señor J.M.G., se encontraba frente al negocio Mangle Color, siendo identificado por el dueño mismo, el señor M.E.E., quien haciéndolo pasar al interior de su negocio, le reclamó por una llanta de repuesto que días atrás había sido sustraída de su vehículo. SEGUNDO: El señor J.J.M., mientras era objeto de reclamo, introdujo su mano en la bolsa de su pantalón con ánimo de extraer un objeto que portaba. TERCERO: El señor M.E. le pregunto a J.M. que llevaba en la bolsa del pantalón y como acción preventiva, procedió a registrar la bolsa de J.J., encontrándole un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre .25, tipo chimba. CUARTO: Ante tal situación, el señor M.E. llamó a la policía preventiva la que, al hacer el acto de presencia, procedió a la detención del señor J.M., incautando el arma de fuego de fabricación artesanal que le fue encontrada. QUINTO: El dictamen balístico practicado al arma de fabricación casera, demostró que tiene un buen funcionamiento mecanismo y operativo, siendo capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada K.G.A., actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: "Artículo 332-B: "Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin periuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosinos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". (Lo resaltado es nuestro). En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los hechos siguientes: "PRIMERO: El 31 de diciembre del 2005 a eso de la una de la mañana en el barrio El centro de la Ciudad de Nacaome, el señor J.M.G., se encontraba frente al negocio Mangle Color, siendo identificado por el dueño mismo, el S.M.E.E., quien haciéndolo pasar al interior de su negocio, le reclamó por una llanta de repuesto que días atrás había sido sustraída de su vehículo. SEGUNDO: El señor J.J.M., mientras era objeto de reclamo, introdujo su mano en la bolsa de su pantalón con ánimo de extraer un objeto que portaba. TERCERO: El señor M.E. le preguntó a J.M. que llevaba en la bolsa del pantalón y como acción preventiva, procedió a registrar la bolsa de J.J., encontrándole un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre.25, tipo chimba. CUARTO: Ante tal situación, el señor M. estrada llamó a la policía preventiva la que al hacer el acto de presencia, procedió a la detención del señor J.M., incautando el arma de fuego de fabricación artesanal que le fue encontrada. QUINTO: El dictamen balístico practicado al arma de fabricación casera, demostró que tiene un buen funcionamiento mecanismo y operativo, siendo capaz de disparar proyectiles calibre.25 de carácter comercial." Al examinar el factum se evidencia, que concurre una falta de aplicación del artículo 332- B del Código Penal, ya que se describen en el mismo, todos los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado J.J.M.G. participó a título de Autor en el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL; pues el Juzgador dejó por establecido, que el acusado, fue encontrado en posesión de un arma de fuego, de fabricación artesanal (chimba), en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial. El Artículo 332-B de la Ley Sustantiva Penal, nos remite al artículo 8 de la Ley Sobre Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, con la finalidad única de verificar el listado de las armas que se consideran prohibidas; sin embargo, la sanción aplicable a quien porta un arma prohibida, es la consignada en la norma precitada, que comprende los elementos objetivos y subietivos del delito de Portación Ilegal de Armas de fuego; aunando al hecho, que no puede aplicarse retroactivamente una Ley administrativa, en vista que el artículo 96 de la Constitución de la República dispone: « La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado, debiendo entender que la retroactividad es atinente a la Ley penal. En atención a lo anteriormente expuesto consideramos oportuno relacionar la postura de la Sala Penal con respecto al principio de retroactividad de la Ley: « En el presente caso, no es de aplicación el principio de retroactividad de la ley penal, establecido en el Artículo 96 de la Constitución de la República, cuando dispone: "La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado"; tampoco lo dispuesto en el artículo 221, de la Constitución de la República, el que establece que: "La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. ". Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. - Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución, como el Decreto Legislativo No.63-2014, que prórroga la vigencia del Decreto Legislativo anterior, no surten efecto derogatorio sobre lo dispuesto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal que tipifican y sancionan los delitos de tenencia y portación ilegal de arma de fuego de tipo comercial y de tenencia y portación de arma de fuego de uso prohibido o de guerra, por tratarse de decretos de naturaleza administrativa, orientados a legalizar la posesión y tenencia de arma de armas de fuego de tipo comercial, o para la entrega sin responsabilidad y destrucción de armas de fuego de uso prohibido o armas de guerra, y con ello contribuir al control en la posesión de armas y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Al no ser leyes penales propiamente dichas, sino administrativas, carecen del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen y menos suspenden, ni derogan la vigencia plena de normas penales, en este caso concreto, no interfieren en la El sentenciador estimó que pese a que el acusado fue detenido en posesión de un arma de fabricación casera o artesanal, la cual está diseñada para disparar munición de calibre 0.25, cuyo mecanismo de acción es manual de impacto y en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, consideró que esa conducta no es constitutiva de delito alguno, ya que el comportamiento del imputado se enmarcó en una infracción de carácter administrativo, tal y como lo establece en el apartado de fundamentación jurídica, que literalmente dice: "La conducta de J.M., evidenciada el 31 de diciembre, año 2005, a eso de 1:00 de la madrugada en el barrio El Centro, en la Ciudad de Nacaome, departamento de Valle, de portar un arma de fuego de fabricación casera al momento de ser detenido por la autoridad de policía, es constitutiva de una sanción de carácter administrativo, conforme al Decreto 30-2000, creado por el Poder Ejecutivo para regular el uso, portación, tenencia y legalización de armas comerciales; siendo también aplicable a las personas encontradas en posesión de armas artesanales de uso prohibido, a quienes, además del comiso de la misma, deberán pagar una multa administrativa de uno a cinco salarios mínimos mensuales más alto, vigente en el sitio del decomiso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la referida Ley. En el caso subjudice, la prueba de cargo evacuada durante el debate, lejos de enervar el estado de inocencia del S.J.M., ha permitido establecer, por una parte que el arma de fabricación casera que le fue incautada no corresponde a los elementos objetivos del tipo penal establecidos en los artículos 332-a ni 332-B del Código Penal; y por otra, que de acuerdo al Principio Constitucional establecido en el artículo 96 la ley más favorable a ser aplicada en el caso que nos ocupa, a favor del señor J.M., viene a ser el Decreto 30-2000, de fecha 18 de julio del año 2000, siendo procedente su excarcelación por cuanto la infracción cometida corresponde a una sanción administrativa y no penal." ( numeral primero y octavo del apartado de la Fundamentación Jurídica de la sentencia, página 6 y 8). El Tribunal ha despenalizado la conducta delictiva perpetrada por el acusado, amparado en el Decreto 30-2000 que dio vigencia a la Ley sobre Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, emitido por el Poder Ejecutivo el 18 de julio del año 2000, asumiendo, que la acción enjuiciada es una falta administrativa; decisión que carece de soporte legal, ya que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) es considerada una conducta delictiva, tal y como lo establece el artículo 8.2 del decreto 30-2000 mediante el cual el legislador ha encasillado las comúnmente chimbas como armas, por tanto su tenencia nunca podrá ser considerada legal, ya que para ello es necesario la obtención del correspondiente permiso, la cual por sus características no es susceptible de inscripción en el Registro Balístico de Armas y por ende de obtención de permiso alguno para su portación, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; no obstante lo anterior, pronuncia sentencia absolutoria por considerar que dicha conducta no está contemplada en la Ley Penal. vigencia y aplicación de los artículos 332 A y 332 B del Código Penal". (Lo resaltado es nuestro) En el numeral segundo del apartado de fundamentación jurídica asevera el juzgador: "para considerar la chimba un arma comercial, debería tener una marca registrada, un número de serie, poseer estándares de calidad, además de una morfología que la identifique. tampoco puede estimarse de guerra, por sus características, su mecanismo simple y manual y carece de número y serie para individualizar". Respecto a la supraindicada apreciación del Tribunal, La Sala de lo Penal a través del fallo SP-473-2015 de fecha 28 de julio del 2016. ha emitido el criterio siguiente: " Esta sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332- A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación Postura, que la Sala de lo Penal Hondureña ha establecido a través de varias sentencias pronunciadas, donde se determina, que el portar un arma de fabricación casera (chimba) no es un hecho atípico (fallos 332-2014; 336-2015; 409-2015; 473-2015 y 68-2013 entre otras); jurisprudencia, que debería ser de uso obligatorio por parte de los Juzgadores, sin embargo en la práctica miramos con mucho asombro el no cumplimiento, ni observación de dichas posturas, siendo La Honorable Sala Penal, quien dará respuesta a las inquietudes del Tribunal plasmadas en este fallo. Debemos señalar, que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; en vista que la Ley Administrativa no deroga una Ley Penal. En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal, en la Sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332-B, por Falta de Aplicación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 1. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo.N.A.: 360 del Código Procesal Penal • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal decreto legislativo 144-83. • Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego.Pretensión: Declarar a lugar. Denuncia la recurrente, que al examinar el factum se evidencia, que concurre una falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, al describir en el mismo, todos los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado J.J.M.G., participó a título de autor en el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial; pues el juzgador dejó por establecido, que el acusado, fue encontrado en posesión de un arma de fuego, de fabricación artesanal (chimba), en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. En el presente caso el arma decomisada al acusado J.J.M.G., es un arma de fabricación casera o artesanal, de buen funcionamiento mecánico y operativo, capaz de disparar proyectiles calibre .25 de carácter comercial; la misma la portaba en la bolsa del pantalón. Por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance. Para la posible adecuación de la conducta de portación de una arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales; al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así, es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Con lo establecido en el Decreto Legislativo 101-2018 contentivo de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados[3], publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,866 de fecha viernes 08 de febrero de 2019; en su artículo 24 numeral 5) determina como arma de uso prohibido por los particulares: Armas de fuego, dispositivos y municiones fabricadas de forma artesanal o casera;”. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En conclusión, esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal decreto legislativo 144-83, no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 24 numeral 5), de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y M.R., y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en el artículo 332- B del Código Penal decreto legislativo 144-83, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. La intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. [4] Por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal decreto legislativo 144-83, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues le fue decomisada al portarla en la bolsa de su pantalón, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre .25, tipo chimba; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332B del Código Penal 144-83. Por todas estas razones, deviene procedente el recurso de casación invocado. Como consecuencia y en base a la norma vigente en el momento de la realización de la conducta, debe condenarse al acusado J.J.M.G., como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego para Uso Personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, correspondiendo para tal conducta una pena abstracta de tres a seis años de reclusión. Al no observase en el factum de la sentencia que el acusado tenga antecedentes personales, sea peligroso o que existan circunstancias agravantes en su contra, lo correcto es imponer al imputado la pena mínima; es decir 03 años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes. DECISIÓN: • Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el J. deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, C.: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 1. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 2. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión).

Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. C. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. E. no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.E.C. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado J.J.M.G., que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley, es correcto señalar que se ha impuesto al señor J.J.M.G., las sanción de 03 años como pena de reclusión, por ser autor de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, más las penas accesorias y consecuencias penales que proceden acorde a ley. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado J.J.M.G., por el delito de Tenencia o porte ilegal de armas (art. 580), se penaliza así: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, más localización permanente por dos años. Acorde al cuadro fáctico, en el barrio El Centro de la ciudad de Nacaome, Valle, frente al negocio Mangle Color, se encontraba el acusado J.J.M.G., quien en la bolsa del pantalón portaba un arma de fuego de fabricación artesanal, calibre .25, tipo chimba, en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo. Por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta 02 años, incrementada en un (1/3) tercio al haberla portado el acusado, quedando un margen abstracto de pena de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión, más localización permanente por 02 años. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado J.J.M.G., conforme el CP-144-83 al ser de tres (3) años, resultaría más gravado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión, más localización permanente por 02 años. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada K.G.A., actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Pública. Segundo: Casa la sentencia de fecha diez de febrero de 2014; dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, en consecuencia, se emite el siguiente pronunciamiento: I: Que debemos condenar y condenamos al señor J.J.M.G., como autor de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego para Uso Personal, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de Tres años de Reclusión; a quien se le restará el tiempo en que el ahora condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal que corresponda; II: Se debe condenar y se condena al señor J.J.M.G., como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de reclusión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. III: Que debemos condenar y condenamos al S..J.J.M.G., a cumplir las penas accesorias inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo de la pena impuesta por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal. IV: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo J.J.M.G. civilmente responsable por las consecuencias resultantes del delito; que deberá de ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. V: Por efecto de la no aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a las normas del Código Penal 144-83, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de libertad condicional. VI: El lugar de cumplimiento de la pena de reclusión será el Centro Penal más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. VII: Se decreta el comiso de un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo chimba, color negro, la que deberá ser remitida al juzgado de ejecución competente, para su destrucción. VIII: No procede condenar al reo J.J.M.G., a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado J.J.M.G.. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado D.F.. N.. Firmas y Sello. W.R.M.S.. Magistrado Coordinador. N.D.M.F.. Magistrado. M.R.D.F.. Magistrado. Firma y Sello. R.K.S..N..R.A.S. de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-133-2021

W.A.M.P.

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL


[1] Abroga la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, contenida en el Decreto No. 30-2000 de fecha 11 de abril del 2000; que en su artículo 8 numeral 2) determinaba como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora.

[2]Sentencia de Sala de lo Penal expedientes 68-2013; 332-2014; 336-2015; 409-2015 y 473-2015.

[3] Abroga la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, contenida en el Decreto No. 30-2000 de fecha 11 de abril del 2000; que en su artículo 8 numeral 2) determinaba como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora.

[4]Sentencia de Sala de lo Penal expedientes 68-2013; 332-2014; 336-2015; 409-2015 y 473-2015.

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