Penal nº CP-398-21 de la Corte Suprema de Justicia (Honduras), 25-09-2023

JurisdicciónHonduras
Fecha de sentencia25 Septiembre 2023
EmisorSupreme Court (Honduras)
Tipo de procesoCasación Penal
RecurrenteJOVEN 1

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-398-2021, que literalmente dice: SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, W.R.M.S., en su calidad de Coordinador, N.D.M.F. y M.R.D.F., pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-398-2021 por Infracción de Preceptos Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez del departamento de Olancho, mediante la cual falló: PRIMERO: Declaró culpable a JOVEN 1, como autor directo de la infracción penal de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de MENOR 1, por lo que se le impuso la sanción de privación de libertad por el termino de dos años en el Centro Correccional de JALTEVA, Municipio de Talanga, F.M., más una amonestación amplia y verbal y una sanción de orientación, supervisión y someterse a programas educativos.. SEGUNDO: Confirma las medidas sustitutivas diferentes a la prisión hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. Son partes en única instancia: Las A..D.L.D. y G.D.Z., en su condición de defensoras públicas de JOVEN 1, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS UNICO: El Ministerio Publico en este acto formaliza acusación en contra del niño infractor JOVEN 1con la presencia del menor en su carácter ya indicada por suponerlo responsable de la infracción penal de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO en perjuicio de MENOR 1, Que el día veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho ( 2018 ) como a eso de las 18:00 horas del día el menor 1 (06 AÑOS) se encontraba en compañía de su menor hermano fuera de la pulpería del señor X, cuando se hicieron presente los jóvenes 2 (ALIAS LA XX), JOVEN 3 (ALIAS XX) Y JOVEN 1(ALIAS XX), quienes tomaron al menor y se lo llevaron en contra de su voluntad hacia el rio comenzando inmediatamente a desnudarlo tapándole su boca y posteriormente agradeciéndolo sexualmente, colocándole sus partes genitales (pene) en su ano (provocándole un roce en el mismo) simulando un acto sexual, a lo que el menor les manifestaba que no lo hieran que iba a llamar a la policía por lo que luego de varios minutos ellos dejaron ir al menor 1, quien inmediatamente salió huyendo a su casa de habitación de habitación y contándole lo que había sucedido al dueño de la pulpería quien le manifestó al padre del menor lo que había sucedido, por lo esté inmediatamente al enterarse de los hechos procedió a interponer la respectiva denuncia ante la Dirección policial de investigación (D.P.I ) con el objeto que se hieran las investigaciones correspondientes.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada A.F.G.M., en su condición de defensora pública de JOVEN 1, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República (Presunción de Inocencia y Debido Proceso) en relación con el 1 de la misma carta magna, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas sustantivas infringidas son los artículos de la constitución de la República que establecen: Artículo 89: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales. - Convención Americana Sobre Derechos Humanos: “…Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...” Artículo 2.- Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. En el caso de marras se ha condenado a mi poderdante haciendo una relación parcializada de los medios de prueba, los que consideramos insuficientes, y que los mismos fueron evacuados violentándose las normas procedimentales que se deben seguir en el juicio oral, por ello se considera que el fallo fue dictado en flagrante violación de los principios de Presunción de Inocencia y el Debido Proceso, que a todas luces vienen a perjudicar la situación jurídica del menor JOVEN 1, al emitirse la sentencia condenatoria en la cual se le impone una pena de dos años de sanción privativa de la libertad. SEGUNDO: Uno de los vicios que denuncio, se produce porque la prueba en la que se apoyan los hechos declarados probados no es suficientemente idónea para acreditarlos, más allá de ello, el A Quo no expresó con claridad ni justificó según las reglas de la sana critica el valor que tenían los medios de prueba en los que fundamento su fallo, así mismo no estableció el razonamiento utilizado para obtener las conclusiones por presunción a partir de todos los indicios, para que los mismos le llevaran a la convicción de la culpabilidad del encartado, contrario a ello, es que consideramos que la sentencia impugnada carece de todos estos requisitos esenciales que debe plasmar la sentencia, como lo exige el artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal. Para fundamentar lo antes expuesto hacemos mención de lo plasmado en el acápite concerniente a la valoración de la prueba que realizó el Juez de letras de la Niñez: "Este Juzgador como se indicaba ha valorado todas las pruebas sobre la base de las reglas características del sistema de valoración de las pruebas denominado sana critica o libre convicción, y ha declarado probados los hechos señalados en el acápite anterior, al tenor de las siguientes consideraciones fácticas: UNICO: El Ministerio Público se hizo valer de la prueba siguiente: Documental dictamen de evaluación psicológica al ofendido según la perito ANA CRISTINS HUETE, Dictamen físico realizado al menor ofendido MENOR 1, según doctora L.F.L., evaluación fisiológica, asimismo la prueba testifical propuestos por el ente acusador. Asimismo, se la valorar la misma de la siguiente manera: 1.- según examen psicológico el menor presenta preocupación sexual, con núcleos ansiosos de personalidad, los que se caracterizan por sentimientos de tristeza e inseguridad por lo que el togado recomendado ayuda emocional. - 2.- Dictamen físico: presenta pliegues sin daño a la fecha de la evaluación sin menos cabo de su daño ocasionado en su momento. - 3.- Según dictamen psiquiátrico este presenta trastornos depresivos por el que se vuelve traumático por el abuso sufrido. - 4.- Según Prueba testifical, estos sostienen en su interrogatorio que el menor manifestó lo que el menor había hecho el hoy infractor junto con los demás. Por lo expuesto en dichos medios de prueba El ente acusador si ha logrado acreditar que el menor 1 ha sido víctima de abuso sexual, se ha probado que le menor JOVEN 1 (ALIAS XX) es responsable del delito por el cual se le acusa en dicho requerimiento, por lo que este Juez considera Dictar sentencia con el fin de deducir la responsabilidad penal por parte del menor infractor JOVEN 1.. " Visto lo anterior, es que considero que se violentó La Presunción de Inocencia que le asiste al menor, ya que como se puede observar en la valoración de prueba, lo único que realizó el A Quo fue enumerar los medios de prueba que se evacuaron en el juicio oral; pero no realizó la valoración, mucho menos explicó porque consideraba que cada uno de los medios de prueba acreditaban los extremos para los cuales fueron propuestos, ya que conocemos que la "finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de la normativa Procesal'. Por ello, enunciamos lo que el Articulo 89 de la Constitución de la República establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo que se ha violentado al declarar culpable a mi representado sin cumplirse con todas las exigencias para poder considerar que la Presunción de Inocencia que le asistía hubiese sido quebrantada, ya que no existió la realización de un verdadero trabajo intelectivo por parte del Sentenciador, para que quedara plasmada su convicción y la valoración que hubiese realizado a los medios de prueba presentados por el ente acusador en el juicio oral. Podemos señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Presunción de Inocencia como derecho fundamental de las personas acusadas establece" 3.3.2 Como regla de juicio y Prueba Caso Ricardo Canese Vs Paraguay... 153, La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad seademostrada.154 La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad[1]. TERCERO: Aunado a esto, se ha dictado el fallo condenatorio por la infracción penal de Actos de Lujuria agravados, pero no hubo prueba en el proceso que acreditara la participación del encartado en dicho ilícito penal, como ya hemos expresado la valoración de la prueba fue insuficiente para establecer este extremo, la misma no explica cómo se llegó a la conclusión de que el JOVEN 1 hubiese agredido sexualmente al ofendido MENOR 1. No nos explicamos de donde surgen los hechos probados, ya que estos son consecuencia directa de la Valoración de los medios de prueba que se tuvieron en cuenta, pero no existe en la sentencia de marras una relación clara y precisa de la declaración testifical del ofendido para que se acreditara este extremo. Sumado a lo anterior, no se evacuo en el proceso la declaración testifical del ofendido, ya que no consta en el acta de debate que hubiese sido tomada de manera directa en el juicio o como lectura autorizada, así mismo no se dio la lectura autorizada que solicitó el ente fiscal de manera incidental en relación a los dictámenes consistentes en el dictamen psicológico emitido por la perito A.C.H., así como el dictamen Físico elaborado por la doctora L.F.L.. Extremos antes señalados quedan evidenciados al inicio de la evacuación de los medios de prueba expresa el A Quo: Y EL JUZGADO RESUELVE: H. expresado nuevamente las partes procesales y la prueba documental debidamente presentada por el Ministerio Público, se da por evacuada la misma, y se procede a evacuar la prueba testifical ofrecida y al perito nominado...”. Después de esto lo que refleja el acta de debate es la evacuación de los medios de prueba testificales TESTIGO 1, TESTIGO 2, Y el PERITO PSIQUIATRA TESTIGO 3 de manera directa, siendo las actuaciones realizadas en el juicio oral que concluyo en la sentencia impugnada. Debido a lo anterior, es que considero que se ha violentado la garantía Constitucional del Debido Proceso, señalada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; es en ese sentido para la defensa no se ha cumplido con lo que el articulo 311 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal establece cuando y como se hará lecturas autorizadas: “Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura o reproducción, en su caso que hará el secretario: 1.- Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio; 2 - Los testimonio o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil' su reproducción en el acto del juicio oral;...”. Visto dicho artículo, observamos que el A Quo no ordenó que realizara el secretario las lecturas del testimonio del ofendido, así como los peritajes que solicitó el ente Acusador, es por ello que se produce el vicio denunciado, en la presente sentencia de marras, al no haberse realizado bajo las formalidades establecidas en la normativa procesal la incorporación de los medios de prueba ante mencionados. CUARTO: A manera de ilustración podemos mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en algunas sentencias como deber ser entendido y observarse el respeto al Debido Proceso: "Corte IDH. Caso B.D. y otros Vs Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234. 116. El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Corte IDH. Caso R.T. y otros Vs. El Salvador. Fondo, R. y C.. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303. La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia , que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa . En términos convencionales el debido proceso se traduce centralmente en las "garantías judiciales" reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar "las debidas garantías" que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. Asimismo, otras disposiciones de dicho instrumento internacional, tal como los artículos 7 y 25 de la Convención, contienen regulaciones que se corresponden materialmente con los componentes sustantivos y procesales del debido proceso. En el C.C.H. y García Santa Cruz Vs. Perú, que se refería a las ejecuciones extrajudiciales de líderes sindicales, la Corte Interamericana sostuvo que las exigencias del artículo 8 de la Convención "se extienden también a los órganos no judiciales a [os que corresponda la investigación previa al proceso judicial […]”. Por lo tanto, desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho del imputado a la defensa. Asimismo, deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos, lo cual implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio. En el mismo sentido: Caso P.I.V.C.. Fondo, R. y C.. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 178; varez y L.Í.. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo. Reparaciones y C.. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 17020, párr. 152; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 144; C.H.E. y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 31621, párr. 174. " [2] " En consecuencia, y por todo lo anteriormente relacionado la defensa del menor JOVEN 1considera que se ha vulnerado las garantías de Presunción de Inocencia, así como el Debido proceso, como principios constitucionales, solicitando a la Sala Penal absolver al encartado, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que sea culpable de la infracción penal por la cual fue condenado. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Juzgado de Letras de la Niñez, de Juticalpa, departamento de Olancho, violento los principios Constitucionales de Presunción de Inocencia y Debido Proceso, para así condenar a ml representado por la infracción penal de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de MENOR 1, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” F....D.R. de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá enunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido L.F. expresa que (L.F. De La Reguera, Á., en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, R.A.M., Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 1. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único MotivoNorma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal.N. constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 y 90 de la Constitución de la Republica, en relación a los artículos 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, 2 del Código Procesal Penal.Concepto de la infracción: violación al Estado de Inocencia y Debido Proceso.Pretensión: que se case la sentencia y se dicte una nueva absolviendo al encartado. Explicó la recurrente que en la sentencia condenatoria dictada contra su patrocinado, el Juzgador la dictó infringiendo la presunción de inocencia y el debido proceso, porque el A-quo en el acápite valoración de la prueba, solo enumero los medios de prueba del ministerio público, no expreso con claridad, ni elaboro un trabajo intelectivo sobre el valor que tenían los medios de prueba para llevarlo a la convicción de culpabilidad del encartado, sigue manifestando el impetrante: que no se incorporó al acta de debate, ni en valoración de prueba de la sentencia la declaración del ofendido, tampoco se incorporó la lectura que se autorizó en relación a los dictámenes psicológicos y físicos, por lo cual se produce el vicio enunciado al no haberse realizado con las formalidades y garantías del debido proceso. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al J., sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[4]. El Estado de Inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese[5]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación deviene en la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Estado de Inocencia por violación al Debido Proceso. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. Luego de un estudio exhaustivo, esta Sala de Casación considera que los puntos señalados en el párrafo anterior, no han sido considerados por el Juzgado de Letras en su sentencia de condenatoria. Por ello, con “ la motivación”, se alude a las razones de derecho para condenar o absolver, si bien existe un acápite de valoración de la prueba, el mismo solo enumera medios de prueba del ente acusatorio, no se emitieron por el juzgador juicio, razonamientos, o motivaciones jurídicas en cuanto a que aporto cada medio de prueba. El A-quo no incorporo al debate la declaración del ofendido MENOR 1, tampoco se incorporaron aun cuando había sido admitida lectura el dictamen psicológico y físico del ofendido; de la lectura del acápite valoración de prueba en la sentencia, podemos apreciar la falta de motivación en la valoración de la prueba del Juzgado de Letras de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, no se realizó una valoración intelectiva, no se precisaron razonamientos jurídicos de valor, en el caso sujeto a censor no se incorporó la suficiente actividad probatoria para llegar a una certeza positiva de la participación del menor infractor en los hechos relacionados, el Juez A-quo no fue capaz de garantizar un debido proceso en el desarrollo de juicio oral y público vulnerando con ello es estado de inocencia, al dictar una sentencia condenatoria, que adolece de errores en cuanto a la falta incorporación de medios de pruebas determinantes, así como una muy pobre motivación fáctica pues resulta, lamentablemente, el Juez de N. se limitó a enumerar parte de los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico, por lo cual debemos declarar de recibo el motivo de casación. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Único: a) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la abogada A.F.G.M. en su condición de defensora pública el menor infractor 1. b) Revoca la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de letras de la Niñez del departamento de Olancho. c) Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: A. de toda responsabilidad penal al menor JOVEN 1 del delito de Actos de lujuria agravados en perjuicio de MENOR 1; en consecuencia, ordena su libertad inmediata y que se le otorgue su carta de libertad correspondiente. Y manda: que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Juzgado de Letras de la Niñez del departamento de Olancho, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactado por Magistrado D.F.. N.. Firmas y Sello. W.R.M.S.. Magistrado Coordinador. N.D.M.F.. Magistrado. M.R.D.F.. Magistrado. Firma y Sello. R.K.S..N.. R..A...S. de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-398-2021.

W.A.M.P.

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-398-2021, que literalmente dice: SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, W.R.M.S., en su calidad de Coordinador, N.D.M.F. y M.R.D.F., pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-398-2021 por Infracción de Preceptos Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez del departamento de Olancho, mediante la cual falló: PRIMERO: Declaró culpable a JOVEN 1, como autor directo de la infracción penal de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de MENOR 1, por lo que se le impuso la sanción de privación de libertad por el termino de dos años en el Centro Correccional de JALTEVA, Municipio de Talanga, F.M., más una amonestación amplia y verbal y una sanción de orientación, supervisión y someterse a programas educativos.. SEGUNDO: Confirma las medidas sustitutivas diferentes a la prisión hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. Son partes en única instancia: Las A..D.L.D. y G.D.Z., en su condición de defensoras públicas de JOVEN 1, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS UNICO: El Ministerio Publico en este acto formaliza acusación en contra del niño infractor JOVEN 1con la presencia del menor en su carácter ya indicada por suponerlo responsable de la infracción penal de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO en perjuicio de MENOR 1, Que el día veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho ( 2018 ) como a eso de las 18:00 horas del día el menor MENOR 1 (06 AÑOS) se encontraba en compañía de su menor hermano fuera de la pulpería del señor XX, cuando se hicieron presente los jóvenes 2 (ALIAS XX), JOVEN 3 (ALIAS XX ) Y JOVEN 1(ALIAS XX), quienes tomaron al menor y se lo llevaron en contra de su voluntad hacia el rio comenzando inmediatamente a desnudarlo tapándole su boca y posteriormente agradeciéndolo sexualmente, colocándole sus partes genitales (pene) en su ano (provocándole un roce en el mismo) simulando un acto sexual, a lo que el menor les manifestaba que no lo hieran que iba a llamar a la policía por lo que luego de varios minutos ellos dejaron ir al menor 1, quien inmediatamente salió huyendo a su casa de habitación de habitación y contándole lo que había sucedido al dueño de la pulpería quien le manifestó al padre del menor lo que había sucedido, por lo esté inmediatamente al enterarse de los hechos procedió a interponer la respectiva denuncia ante la Dirección policial de investigación (D.P.I ) con el objeto que se hieran las investigaciones correspondientes.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada A.F.G.M., en su condición de defensora pública de JOVEN 1, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República (Presunción de Inocencia y Debido Proceso) en relación con el 1 de la misma carta magna, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas sustantivas infringidas son los artículos de la constitución de la República que establecen: Artículo 89: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales. - Convención Americana Sobre Derechos Humanos: “…Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...” Artículo 2.- Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. En el caso de marras se ha condenado a mi poderdante haciendo una relación parcializada de los medios de prueba, los que consideramos insuficientes, y que los mismos fueron evacuados violentándose las normas procedimentales que se deben seguir en el juicio oral, por ello se considera que el fallo fue dictado en flagrante violación de los principios de Presunción de Inocencia y el Debido Proceso, que a todas luces vienen a perjudicar la situación jurídica del menor JOVEN 1, al emitirse la sentencia condenatoria en la cual se le impone una pena de dos años de sanción privativa de la libertad. SEGUNDO: Uno de los vicios que denuncio, se produce porque la prueba en la que se apoyan los hechos declarados probados no es suficientemente idónea para acreditarlos, más allá de ello, el A Quo no expresó con claridad ni justificó según las reglas de la sana critica el valor que tenían los medios de prueba en los que fundamento su fallo, así mismo no estableció el razonamiento utilizado para obtener las conclusiones por presunción a partir de todos los indicios, para que los mismos le llevaran a la convicción de la culpabilidad del encartado, contrario a ello, es que consideramos que la sentencia impugnada carece de todos estos requisitos esenciales que debe plasmar la sentencia, como lo exige el artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal. Para fundamentar lo antes expuesto hacemos mención de lo plasmado en el acápite concerniente a la valoración de la prueba que realizó el Juez de letras de la Niñez: "Este Juzgador como se indicaba ha valorado todas las pruebas sobre la base de las reglas características del sistema de valoración de las pruebas denominado sana critica o libre convicción, y ha declarado probados los hechos señalados en el acápite anterior, al tenor de las siguientes consideraciones fácticas: UNICO: El Ministerio Público se hizo valer de la prueba siguiente: Documental dictamen de evaluación psicológica al ofendido según la perito ANA CRISTINS HUETE, Dictamen físico realizado al menor ofendido MENOR 1, según doctora L.F.L., evaluación fisiológica, asimismo la prueba testifical propuestos por el ente acusador. Asimismo, se la valorar la misma de la siguiente manera: 1.- según examen psicológico el menor presenta preocupación sexual, con núcleos ansiosos de personalidad, los que se caracterizan por sentimientos de tristeza e inseguridad por lo que el togado recomendado ayuda emocional. - 2.- Dictamen físico: presenta pliegues sin daño a la fecha de la evaluación sin menos cabo de su daño ocasionado en su momento. - 3.- Según dictamen psiquiátrico este presenta trastornos depresivos por el que se vuelve traumático por el abuso sufrido. - 4.- Según Prueba testifical, estos sostienen en su interrogatorio que el menor manifestó lo que el menor había hecho el hoy infractor junto con los demás. Por lo expuesto en dichos medios de prueba El ente acusador si ha logrado acreditar que el menor 1 ha sido víctima de abuso sexual, se ha probado que le JOVEN 1(ALIAS TXX) es responsable del delito por el cual se le acusa en dicho requerimiento, por lo que este Juez considera Dictar sentencia con el fin de deducir la responsabilidad penal por parte del menor infractor JOVEN 1.. " Visto lo anterior, es que considero que se violentó La Presunción de Inocencia que le asiste al menor, ya que como se puede observar en la valoración de prueba, lo único que realizó el A Quo fue enumerar los medios de prueba que se evacuaron en el juicio oral; pero no realizó la valoración, mucho menos explicó porque consideraba que cada uno de los medios de prueba acreditaban los extremos para los cuales fueron propuestos, ya que conocemos que la "finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de la normativa Procesal'. Por ello, enunciamos lo que el Articulo 89 de la Constitución de la República establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo que se ha violentado al declarar culpable a mi representado sin cumplirse con todas las exigencias para poder considerar que la Presunción de Inocencia que le asistía hubiese sido quebrantada, ya que no existió la realización de un verdadero trabajo intelectivo por parte del Sentenciador, para que quedara plasmada su convicción y la valoración que hubiese realizado a los medios de prueba presentados por el ente acusador en el juicio oral. Podemos señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Presunción de Inocencia como derecho fundamental de las personas acusadas establece" 3.3.2 Como regla de juicio y Prueba Caso Ricardo Canese Vs Paraguay... 153, La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad seademostrada.154 La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad[6]. TERCERO: Aunado a esto, se ha dictado el fallo condenatorio por la infracción penal de Actos de Lujuria agravados, pero no hubo prueba en el proceso que acreditara la participación del encartado en dicho ilícito penal, como ya hemos expresado la valoración de la prueba fue insuficiente para establecer este extremo, la misma no explica cómo se llegó a la conclusión de que el menor JOVEN 1 hubiese agredido sexualmente al ofendido MENOR 1. No nos explicamos de donde surgen los hechos probados, ya que estos son consecuencia directa de la Valoración de los medios de prueba que se tuvieron en cuenta, pero no existe en la sentencia de marras una relación clara y precisa de la declaración testifical del ofendido para que se acreditara este extremo. Sumado a lo anterior, no se evacuo en el proceso la declaración testifical del ofendido, ya que no consta en el acta de debate que hubiese sido tomada de manera directa en el juicio o como lectura autorizada, así mismo no se dio la lectura autorizada que solicitó el ente fiscal de manera incidental en relación a los dictámenes consistentes en el dictamen psicológico emitido por la perito A.C.H., así como el dictamen Físico elaborado por la doctora L.F.L.. Extremos antes señalados quedan evidenciados al inicio de la evacuación de los medios de prueba expresa el A Quo: Y EL JUZGADO RESUELVE: H. expresado nuevamente las partes procesales y la prueba documental debidamente presentada por el Ministerio Público, se da por evacuada la misma, y se procede a evacuar la prueba testifical ofrecida y al perito nominado...”. Después de esto lo que refleja el acta de debate es la evacuación de los medios de prueba testificales TESTIGO 1, TESTIGO 2, Y el PERITO PSIQUIATRA TESTIGO 3 de manera directa, siendo las actuaciones realizadas en el juicio oral que concluyo en la sentencia impugnada. Debido a lo anterior, es que considero que se ha violentado la garantía Constitucional del Debido Proceso, señalada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; es en ese sentido para la defensa no se ha cumplido con lo que el articulo 311 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal establece cuando y como se hará lecturas autorizadas: “Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura o reproducción, en su caso que hará el secretario: 1.- Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio; 2 - Los testimonio o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil' su reproducción en el acto del juicio oral;...”. Visto dicho artículo, observamos que el A Quo no ordenó que realizara el secretario las lecturas del testimonio del ofendido, así como los peritajes que solicitó el ente Acusador, es por ello que se produce el vicio denunciado, en la presente sentencia de marras, al no haberse realizado bajo las formalidades establecidas en la normativa procesal la incorporación de los medios de prueba ante mencionados. CUARTO: A manera de ilustración podemos mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en algunas sentencias como deber ser entendido y observarse el respeto al Debido Proceso: "Corte IDH. Caso B.D. y otros Vs Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234. 116. El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Corte IDH. Caso R.T. y otros Vs. El Salvador. Fondo, R. y C.. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303. La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia , que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa . En términos convencionales el debido proceso se traduce centralmente en las "garantías judiciales" reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar "las debidas garantías" que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. Asimismo, otras disposiciones de dicho instrumento internacional, tal como los artículos 7 y 25 de la Convención, contienen regulaciones que se corresponden materialmente con los componentes sustantivos y procesales del debido proceso. En el C.C.H. y García Santa Cruz Vs. Perú, que se refería a las ejecuciones extrajudiciales de líderes sindicales, la Corte Interamericana sostuvo que las exigencias del artículo 8 de la Convención "se extienden también a los órganos no judiciales a [os que corresponda la investigación previa al proceso judicial […]”. Por lo tanto, desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho del imputado a la defensa. Asimismo, deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos, lo cual implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio. En el mismo sentido: Caso P.I.V.C.. Fondo, R. y C.. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 178; varez y L.Í.. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo. Reparaciones y C.. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 17020, párr. 152; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 144; C.H.E. y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 31621, párr. 174. " [7] " En consecuencia, y por todo lo anteriormente relacionado la defensa del menor JOVEN 1considera que se ha vulnerado las garantías de Presunción de Inocencia, así como el Debido proceso, como principios constitucionales, solicitando a la Sala Penal absolver al encartado, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que sea culpable de la infracción penal por la cual fue condenado. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Juzgado de Letras de la Niñez, de Juticalpa, departamento de Olancho, violento los principios Constitucionales de Presunción de Inocencia y Debido Proceso, para así condenar a ml representado por la infracción penal de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de MENOR 1, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” F.D.R. de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[8]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá enunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido L.F. expresa que (L.F. De La Reguera, Á., en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, R.A.M., Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 1. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • N. constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 y 90 de la Constitución de la Republica, en relación a los artículos 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, 2 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: violación al Estado de Inocencia y Debido Proceso. • Pretensión: que se case la sentencia y se dicte una nueva absolviendo al encartado. Explicó la recurrente que en la sentencia condenatoria dictada contra su patrocinado, el Juzgador la dictó infringiendo la presunción de inocencia y el debido proceso, porque el A-quo en el acápite valoración de la prueba, solo enumero los medios de prueba del ministerio público, no expreso con claridad, ni elaboro un trabajo intelectivo sobre el valor que tenían los medios de prueba para llevarlo a la convicción de culpabilidad del encartado, sigue manifestando el impetrante: que no se incorporó al acta de debate, ni en valoración de prueba de la sentencia la declaración del ofendido, tampoco se incorporó la lectura que se autorizó en relación a los dictámenes psicológicos y físicos, por lo cual se produce el vicio enunciado al no haberse realizado con las formalidades y garantías del debido proceso. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al J., sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[9]. El Estado de Inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese[10]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación deviene en la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Estado de Inocencia por violación al Debido Proceso. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. Luego de un estudio exhaustivo, esta Sala de Casación considera que los puntos señalados en el párrafo anterior, no han sido considerados por el Juzgado de Letras en su sentencia de condenatoria. Por ello, con “ la motivación”, se alude a las razones de derecho para condenar o absolver, si bien existe un acápite de valoración de la prueba, el mismo solo enumera medios de prueba del ente acusatorio, no se emitieron por el juzgador juicio, razonamientos, o motivaciones jurídicas en cuanto a que aporto cada medio de prueba. El A-quo no incorporo al debate la declaración del ofendido MENOR 1, tampoco se incorporaron aun cuando había sido admitida lectura el dictamen psicológico y físico del ofendido; de la lectura del acápite valoración de prueba en la sentencia, podemos apreciar la falta de motivación en la valoración de la prueba del Juzgado de Letras de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, no se realizó una valoración intelectiva, no se precisaron razonamientos jurídicos de valor, en el caso sujeto a censor no se incorporó la suficiente actividad probatoria para llegar a una certeza positiva de la participación del menor infractor en los hechos relacionados, el Juez A-quo no fue capaz de garantizar un debido proceso en el desarrollo de juicio oral y público vulnerando con ello es estado de inocencia, al dictar una sentencia condenatoria, que adolece de errores en cuanto a la falta incorporación de medios de pruebas determinantes, así como una muy pobre motivación fáctica pues resulta, lamentablemente, el Juez de N. se limitó a enumerar parte de los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico, por lo cual debemos declarar de recibo el motivo de casación. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Único: a) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la abogada A.F.G.M. en su condición de defensora pública el menor infractor 1. b) Revoca la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de letras de la Niñez del departamento de Olancho. c) Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: A. de toda responsabilidad penal al menor JOVEN 1 del delito de Actos de lujuria agravados en perjuicio de MENOR 1; en consecuencia, ordena su libertad inmediata y que se le otorgue su carta de libertad correspondiente. Y manda: que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Juzgado de Letras de la Niñez del departamento de Olancho, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactado por Magistrado D.F.. N.. Firmas y Sello. W.R.M.S.. Magistrado Coordinador. N.D.M.F.. Magistrado. M.R.D.F.. Magistrado. Firma y Sello. R.K.S..N..R.A.S. de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-398-2021

W.A.M.P.

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL


[1] Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 Debido Proceso pg. 158

[2] Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 Debido Proceso pg. 10

[3] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[4] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.

[5] Ver Sentencia Penal N° SP 02-2009, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil diez.

[6] Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 Debido Proceso pg. 158

[7] Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 12 Debido Proceso pg. 10

[8] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[9] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.

[10] Ver Sentencia Penal N° SP 02-2009, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil diez.

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